Imputan cargos a nueve militares retirados investigados por millonario peculado

Una investigación de la Fiscalía pudo establecer que los militares no habría consignado los recursos pertenecientes al Fondo Interno de las Fuerzas Militares, generando un detrimento patrimonial de casi 1.800 millones de pesos

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Una investigación de la Fiscalía
Una investigación de la Fiscalía pudo establecer que los militares no habría consignado los recursos pertenecientes al Fondo Interno de las Fuerzas Militares, generando un millonario detrimento patrimonial. EFE/Leonardo Muñoz

El viernes 8 de julio, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra nueve oficiales retirados del Ejército Nacional por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, vinculado a recursos por cerca de $1.800 millones pertenecientes al Fondo Interno de las Fuerzas Militares, generando un millonario detrimento patrimonial.

Así lo pudo establecer un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública en una investigación que contó con el apoyo de un grupo de contrainteligencia del Ejército Nacional, en el que evidenciaron que los exmilitares habrían recibido recursos como contraprestación por el pago de diferentes servicios prestados, entre 2010 y 2014, que no habrían sido consignados a la cuenta del Fondo Interno.

Los oficiales en retiro imputados son: los coroneles Juan Carlos Bustamante Rodríguez, Jaime Arturo Remolina Fontalvo y Luis Fernando Camargo Chaparro; los tenientes coroneles Henry Benicio Rodríguez Mesa, Ilvar Orlando González Villamil y Ricardo Patiño Castañeda, quienes se desempeñaron en esa época como oficiales de logística de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín.

Asimismo, fueron afectados por esta decisión los mayores Javier Antonio Arango Moya y Óscar Giraldo Garcés, Fabián Borja Pérez, los cuales ocupaban el cargo de Segundo Comandante del batallón Pedro Nel Ospina, ubicado en el municipio de Bello, Antioquia.

Ninguno de los nueve procesados, quienes se habrían apropiado de manera indebida de dinero perteneciente al Estado, por servicios de escolta, certificados de idoneidad, bodegaje y alquiler de helipuertos para el cargue y descargue de explosivos provenientes de empresas mineras, del sector energético y de abras públicas, aceptó su responsabilidad por los cargos.

Otro sonado caso de mal manejo de recursos es el que vincula al comandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, en un proceso en el que se ha denunciado presiones y amenazas en contra de la jueza que lleva a cabo la investigación, razón por la cual la entidad anunció que evaluaría la seguridad de la togada.

La mayor Lorena María Restrepo, jueza 34 de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga, es quien adelanta la investigación y compulsa de copias para un proceso penal por presunto peculado por apropiación que se sigue en contra de dos coroneles y que relaciona al comandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. Ella, en los últimos días, denunció presiones que le han hecho temer por su vida.

El periodista Daniel Coronell aseguró que la investigación no avanzaba y según la revista Cambio, los coroneles y el comandante del Ejército son investigado por contratos con empresas privadas para el transporte de explosivos que se habrían firmado aparentemente sin el lleno de requisitos, además, algunos de los dineros de una actividad altamente costosa y peligrosa, se habrían desviado.

Tras conocerse el expediente, el senador Iván Cepeda denunció en la Comisión Segunda del Senado, que la Corporación Veteranos de Colombia alertó por presiones y amenazas en contra de la mayor Restrepo. “Ha sido víctima de presiones por parte de sus superiores y que teme por su vida y la de su esposo el coronel Aldemar Quintan, comandante del batallón de Artillería No.2 “Nueva Granada”, ubicado en Barrancabermeja”, dijeron en un comunicado Alfonso Manzur Arrieta y Alexander Chala.

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