Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz

Este jueves 7 de julio, la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC, en el que hizo un balance sobre los avances y desafíos que enfrentarán los próximos de cara al cumplimiento de los puntos pactados en La Habana.

La entidad explicó que ha verificado el cumplimiento de los puntos, con corte al 30 de mayo de 2022, con especial atención a las recomendaciones efectuadas en el informe presentado el año pasado, evidenciando importantes esfuerzos por parte del Gobierno nacional en materia de “planeación y en aspectos presupuestales, técnicos y administrativos” y grandes desafíos en temas cruciales como la sustitución de cultivos ilícitos y la persistencia de la violencia en zonas rurales.

“Hay quienes ven el vaso medio lleno y otros el vaso medio vacío, sin embargo, luego de revisar los avances, poner de manifiestos las dificultades y advertir los mayores retos, desde la Defensoría del Pueblo somos optimistas en que el país avanza firme en el propósito de cumplir con las metas que el Acuerdo de Paz se propuso al finalizar la presente década”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Asimismo, señaló que durante el seguimiento se encontró que la implementación del Acuerdo Final de Paz entró en una fase de “aceleración”, razón por la cual hizo un llamado al gobierno entrante de Gustavo Petro que mantenga el ritmo frente a los temas en los que se han presentado avances y se impulsen lo temas en los que se han identificado retrasos y poca gestión.

Avances concretos:

Dentro de los avances que destaca la Defensoría en el Informe de Seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se encuentran avances en el acceso de tierras, señalando que se han entregado 1.442 predios a favor de 6.384 familias y en cuanto a la población en proceso de reincorporación 10 de los 24 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) ya cuenta con predios comprados para vivienda y proyectos productivos.

“Respecto a los Programas Nacionales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), se lograron varios avances importantes: el 92 % de las familias beneficiarias han recibido pagos de asistencia alimentaria, el 91 % asistencia técnica integral, el 82 % ha sido beneficiado con proyectos de seguridad alimentaria y el 55 % con proyectos productivos de ciclo corto. Las experiencia internacionales dan cuenta de que en los países en contexto de post-conflicto el nivel de cumplimiento a los seis o siete años alcanza un 50 % del total de los compromisos, siendo la tendencia alcanzar entre el 60 % y el 70 %”, se resalta en el informe.

Asimismo, reconoció que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales se llevan a cabo en las regiones más afectadas por la violencia y en los que se registran altos índices de violencia, han contado con una inversión de más de $13,2 billones, e indicó que estos alcances no deben ser ajenos a algunos factores externos, que han incidido en desaceleración de acciones y actividades, como la pandemia del covid-19.

Desafíos Urgentes:

1) En materia de acceso a tierras es necesario incrementar el porcentaje de adjudicaciones.

2) Urge la constitución de la jurisdicción o la especialidad agraria, con el concurso del Gobierno y del Congreso.

3) Se requiere un mayor esfuerzo en la implementación del catastro multipropósito en todo el territorio nacional para 2025.

4) Ya se han aprobado y adoptado 14 de los 16 Planes Nacionales Sectoriales pero se requiere su implementación como quiera que ellos se relacionan con el desarrollo del sector rural en asuntos como vías, electrificación, conectividad, agua potable y saneamiento básico, entre otros.

5) En relación con la sustitución de cultivos de uso ilícito, el desafío urgente es gestionar el presupuesto faltante para culminar los componentes del programa que se acordaron con las familias beneficiarias.

6) En los PDET conviene fortalecer escenarios de participación con las organizaciones sociales en la ejecución de los proyectos y obras.

7) Urgen medidas que mitiguen la situación de violencia en algunas zonas rurales.

8) Disponer de acciones para disminuir homicidios, amenazas y hostigamientos a líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y población excombatiente.

Por último, la Defensoría hizo un llamado a los excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las FARC para que avancen en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, adelantando su participación en los órganos del Sistema Integral para la Paz, dentro de los que se encuentran la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

SEGUIR LEYENDO: