Alianza Colombia libre de Fracking, preocupada por la decisión del Consejo de Estado

Para la organización, el alto tribunal desconoce el principio de precaución en materia ambiental y el riesgo de daño grave e irreversible que representa esta técnica para el ambiente, la salud y la integridad humana

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Foto de archivo. Un hombre sostiene un cartel rechazando el fracking, durante una protesta, en Bogotá, Colombia 7 de junio, 2019. REUTERS/Luisa González
Foto de archivo. Un hombre sostiene un cartel rechazando el fracking, durante una protesta, en Bogotá, Colombia 7 de junio, 2019. REUTERS/Luisa González

A través de un comunicado, la Alianza Colombia libre de Fracking expresó su preocupación debido a la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado de dejar en firme el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que fijaron los criterios y procedimientos para exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

Esta discusión llevaba en el tribunal alrededor de tres años, pero finalmente dejó en firme el decreto y una resolución del Gobierno. Cinco magistrados votaron por este camino, mientras que otros tres se opusieron y salvaron su voto. El alto tribunal había suspendido los efectos de esas normas desde 2018, mientras estudiaba la demanda.

En el comunicado de la organización antifracking en Colombia se afirma que, “La decisión del Consejo de Estado respecto a las normas del ‘fracking’ debido a que desconoce el principio de precaución en materia ambiental y el riesgo de daño grave e irreversible que representa esta técnica experimental para el ambiente, la salud y la integridad humana”.

Por otra parte, para la Alianza, la Sección Tercera tomó una decisión contraria al concepto de la Procuraduría General de la Nación y de varias de las pruebas practicadas en el juicio, incluyendo un peritaje de la Universidad Nacional que demostraron la insuficiencia de las normas demandadas.

Además se desecharon los amplios testimonios recabados, entre ellos los de la Comisión de Expertos conformada por el Gobierno, que evidenciaron la incertidumbre científica y la necesidad de aplicar el principio de precaución. El fallo debía declarar la nulidad de las normas demandadas”, añade el comunicado.

Así mismo, resaltaron la inconveniencia de esta medida en el contexto climático actual: “Esta decisión resulta peligrosa en el contexto de la crisis climática y abiertamente incoherente frente a los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, y eleva el riesgo que la implementación del ‘fracking’ está generando a los defensores y defensoras ambientales del Magdalena Medio, un territorio que ha sufrido más de un siglo de explotación petrolera y violencia armada”.

La alianza concluyó diciendo: “Seguiremos insistiendo ante el Congreso de la República para que se prohíba definitivamente el ‘fracking’ en Colombia; y acompañaremos las acciones de movilización social de las comunidades y las iniciativas que emprenda el nuevo gobierno en dicho sentido.

Cabe recordar que el Consejo de Estado le dio vía libre a las dos normas que le abren la puerta al fracking en Colombia por dos razones. La primera es que “el demandante no demostró que las normas acusadas no satisfagan las exigencias jurídicas del principio de precaución. No probó que sean contrarias, ajenas o irrazonables de cara al conocimiento científico o de la disciplina correspondiente. Tampoco probó que sus reglas sean arbitrarias, inadecuadas o irrazonables para mitigar los riesgos de la actividad regulada”, señaló el tribunal en un comunicado.

En segundo lugar, porque “La licitud de esta práctica escapa al medio de control de nulidad y además está sustentada en el régimen jurídico de la explotación de los recursos naturales no renovables permitida por la Constitución Política, reglas que fueron desarrolladas por el reglamento, en particular, de los yacimientos no convencionales, cuyo aprovechamiento es incentivado expresamente por la ley vigente”.

Este caso llegó al Consejo de Estado por una demanda que pedía tumbar los actos administrativos que le daban luz verde al fracking. Según el accionante, dichas normas “autorizan, avalan o permiten la técnica del ‘fracking’ en el país” y “estos mandatos representan un riesgo para los recursos naturales y la salud humana, animal y vegetal, en tanto contienen reglas que resultan insuficientes o no idóneos para evitar o mitigar estas consecuencias eventualmente dañinas”.

La decisión se conoce a un mes del inicio del gobierno de Gustavo Petro, que justamente escribió en su cuenta de Twitter “no habrá ‘fracking’ en Colombia”, horas antes de que se conociera la decisión. De hecho, Susana Muhamad, nueva ministra de ambiente, declaró que en Colombia se cierra la puerta al fracking.

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