Profesor de la Universidad Distrital que tiene más de 100 denuncias por acoso sexual fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría

El Ministerio Público asegura que el profesor, valiéndose de su posición frente a las estudiantes, las acosó, persiguió, hostigó o asedió verbalmente con trato irrespetuoso

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REUTERS/Luisa González
REUTERS/Luisa González

El docente Carlos Antonio Julio Arrieta fue citado a juicio disciplinario, por parte de la Procuraduría General de la Nación, para responder por los más de 131 casos de acoso sexual por los que se le acusan. El Ministerio Público detalló que el profesor, supuestamente, se acercó a varias de sus estudiantes de manera abusiva e inadecuada, y que esto logró concluirse luego de hacer un estudio detallado sobre los alegatos de quienes se declararon como sus víctimas.

“El investigado presuntamente realizó objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito e incurrió en la prohibición de incumplir los deberes contendidos en la ley cuando, valiéndose de su posición frente a las estudiantes, las acosó, persiguió, hostigó o asedió verbalmente con trato irrespetuoso en sus comentarios, utilizando un vocabulario y ejecutando un comportamiento inadecuado para un docente en relación con sus alumnas”, señaló la Procuraduría General de la Nación al hacer la solicitud sobre Carlos Antonio Julio Arrieta.

El docente, de acuerdo con información expuesta en el 2020 por parte del diario El Espectador y por el colectivo feminista ‘Las Igualadas’, hacía parte del equipo de trabajo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Las mujeres que aseguran ser víctimas de aquel hombre señalan que los comportamientos violentos provenientes de su parte iniciaron hacia el año 2017. La universidad, se informó en su momento, no tomó cartas en el asunto, por lo que la forma que encontraron las presuntas víctimas para dar a conocer el caso fue exponer al señalado abusador a través de los medios de comunicación.

La Procuraduría Delegada para la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, en su momento, asumió el caso que, específicamente, involucraba a la Facultad de Ciencias y Educación de esa institución educativa. Tras tres años de la realización de los alegatos, se hizo una nueva solicitud papara que se le diera celeridad al caso pues, para el momento, no se veían resultados efectivos.

En su momento, la entidad aseguró que la falta de una respuesta oportuna por parte de la institución ante las denuncias en contra de Arrieta “podrían constituir una falta disciplinaria de relevancia, por tratarse de posibles conductas contra la libertad e integridad sexual de estudiantes, por parte de un servidor público que se desempeña como su docente, por lo cual ejerce cierta autoridad sobre las presuntas afectadas”.

De acuerdo con el expediente, sobre el docente recaen las denuncias de más de 131 estudiantes que alegan que fueron víctimas de actitudes abusivas por su parte. “Según los reportes, los hechos de presunto acoso sexual denunciados al parecer se vienen presentando desde hace varios años y fueron puestos en conocimiento del Consejo Superior de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital de Bogotá desde marzo de 2017″, destacó la Procuraduría.

En mayo de este año, ante los retrasos de respuestas por parte de las autoridades a las víctimas, desde la Corte Constitucional se explicó que se estaban “valorando las pruebas allegadas y, luego de ello, sigue el término de traslado a las partes. Luego de ello se emite el fallo”.

“Justo después de interpuesta esta denuncia, se presentaron una serie de impedimentos, no atribuibles a las víctimas, que retrasaron el proceso, y finalmente se corrió traslado de la denuncia a la Personería de Bogotá. No obstante, ante esta demora injustificada por parte de la Universidad y la Personería, el 5 de junio de 2020 las accionantes interpusieron una acción de tutela en contra de la Universidad, el señor Carlos Antonio Julio Arrieta, el Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la Nación, y la Personería de Bogotá para la protección de sus derechos fundamentales a la integridad física, psíquica y moral, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y a la educación”, se lee en la tutela interpuesta.

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