Procuraduría pide garantizar los derechos de la población campesina que habita en los Parques Nacionales Naturales

Este miércoles 6 de julio, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades ambientales en Colombia que adopten medidas urgentes para impulsar actividades de desarrollo productivo sostenible enfocadas en la población vulnerable campesina que habita en los Parques Naturales Nacionales y Regionales del territorio nacional.

El Ministerio Público, a través del Memorando 034 de 2022, hizo un llamado a Parques Naturales Nacionales (PNN), y a los ministerios de Ambiente y de Agricultura para que garanticen los derechos de esta población, debido a las afectaciones que han enfrentado por la eliminación de la producción ganadera que contempla la cancelación del Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP), ordenado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

“Ei órgano de control insistió en la suscripción de acuerdos con las comunidades que derivan su subsistencia de las actividades y costumbres campesinas históricamente reconocidas en los Parques Nacionales Naturales (PNN) y Parques Regionales Naturales (PRN), en los que se desmonte gradualmente las actividades ganaderas y se implementen alternativas de desarrollo productivo sostenible”, indicó el Ministerio Público.

Asimismo, solicitó a las autoridades, dentro de las que se encuentran las corporaciones autónomas regionales y demás entidades competentes, implementar medidas progresivas y no regresivas, con el propósito de impulsar el reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas, al tiempo que establezcan mecanismos de diálogo que garanticen su participación en las decisiones que les conciernen.

Por último, la Procuraduría pidió adoptar acciones necesarias para robustecer el desarrollo productivo sostenible para estas comunidades para que las implementen en los parques naturales, debido a que el ICA emitió hace menos de dos meses la resolución 007067 del 2 de mayo del 2022, mediante la cual se establece la cancelación de actividades ganaderas en áreas protegidas, con el propósito de fomentar el cuidado de los bosques y apoyar la lucha contra la deforestación.

“Es así como las personas naturales o jurídicas que tengan bovinos y bufalinos en estas áreas protegidas, tendrán que retirar sus animales, bien sea con destino a planta de beneficio o a un predio con registro sanitario que esté fuera de estas zonas, y movilizarlos con su respectiva guía sanitaria de movilización interna de animales (GSMI)”, indicó Juan Fernando Roa Ortiz, gerente general (e) del ICA.

Los responsables de los animales tendrán un plazo de 90 días, contados a partir de la publicación de la resolución, para efectuar la salida de las especies, de no hacerlo pueden ser objeto de sanciones, multas e incautación por parte de las autoridades competentes, sin embargo, los campesinos que tienen un número muy pequeño de vacas, o poca tierra, el empresario aseguró que se llegó a un acuerdo con el ICA para no “tocarlos”.

“Colombia tiene 59 parques nacionales y 19 millones de hectáreas en la parte terrestre, el total de parques marinos y terrestres son 31 millones de hectáreas, pero esas 19 son las que nos ocupan en este momento”, señaló el gerente del ICA con esta medida que busca minimizar el impacto de esta actividad en las áreas protegidas del país.

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