Para qué sirve la Procuraduría y qué tan viable es acabarla como propone Gustavo Petro

De acuerdo al anuncio del próximo mandatario, Gustavo Petro, entre los primeros proyectos se incluirá la reforma al poder público que contempla eliminar la Procuraduría General de la Nación.

“Propondremos una reforma a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para responder al mandato que la Constitución Política de 1991 les otorgó, respetando el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes, para lo cual deben eliminarse la duplicidad de funciones, las grandes, ineficientes y costosas nóminas nacionales y territoriales”, había consignado Petro en su plan de gobierno en campaña.

Según su manual de funciones, la Procuraduría es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado, y es el máximo organismo del Ministerio Público, que está conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías. Este órgano está conformado por cerca de 4.000 funcionarios, además posee autonomía administrativa, financiera y presupuestal.

Además, tiene la función de “velar el ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la ley a servidores públicos”, a través de sus funciones preventiva, de intervención y disciplinaria.

Actualmente, Margarita Cabello es la procuradora general de la nación y, en caso de aprobarse la eliminación de este ente, sería la última persona que ocuparía dicho cargo.

La función preventiva es considerada la principal responsabilidad del ente de control, que se enfatiza en “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales.

Por su parte, la función de intervención detalla que en su calidad de sujeto procesal interviene ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura, las autoridades administrativas y de policía.

Además, la función disciplinaria le da facultad para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado.

Luego de que Alejandro Ordoñez, procurador general de la Nación en 2013, destituyera al presidente electo, Gustavo Petro, de la alcaldía de Bogotá. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado Colombiano por las violaciones a derechos políticos de Petro y ordenó modificar la legislación interna e impedir que la Procuraduría pueda retirar a un funcionario elegido popularmente de su cargo.

Por esta razón, Petro ha asegurado que la Procuraduría ha sido utilizada como herramienta al servicio de sectores políticos y tiene previsto proponer en el congreso una reforma que permita eliminar la entidad y llevar a sus funcionarios a una “fiscalía anticorrupción”.

Su propuesta va enfocada a la eliminación del órgano de control cambia un aspecto que fue estructural en la Constitución de 1991. Y para esto necesitaría de un acto legislativo para ser aprobada. Es decir unas mayorías calificadas y ocho vueltas en el Congreso de la República, en donde hoy Gustavo Petro tiene mayorías de curules.

Cabe resaltar que, en mayo pasado, la Procuraduría suspendió a varios alcaldes, entre ellos a Daniel Quintero, argumentando que podría interferir en las elecciones por su aparente participación en política.

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