Lo que reveló el presunto asesino de Adriana Pinzón en su preacuerdo con la Fiscalía, no habría actuado solo

En medio del proceso en contra de Jhonatan Torres Campos como presunto principal asesino de su cuñada Adriana Pinzón, se han conocido más detalles del crimen que consternó al departamento de Cundinamarca. El hombre no habría actuado solo y el objetivo sería saldar, con el dinero de la mujer, sus deudas personales.

La Fiscalía asegura haber logrado recaudar un extenso material probatorio que habría dejado a Torres Campos sin más opción que aceptar que participó en el homicidio la psicóloga, hermana de su esposa, en el municipio de Zipaquirá el pasado 7 de junio.

Torres Campos aceptó firmar un preacuerdo con el ente acusador, que de ser avalado por un juez de conocimiento, lo llevaría a aceptar los delitos y colaborar para que se pueda resolver los detalles y móviles del crimen. E incluso, delatar a otras personas que habrían participado con él en el homicidio y desaparición.

“Abundante material de prueba y evidencia física dan cuenta de que Torres Campos habría sido la última persona que vio a la víctima con vida. Asimismo, permitieron detectar las contradicciones en las que, supuestamente, incurrió para evitar que los investigadores lo descubrieran y ubicaran el cuerpo de su cuñada”, sostuvo el ente investigador.

Aunque Torres Campos es el principal sospechoso de los hechos, pues se le vio en videos de seguridad saliendo del apartamento de la mujer y se encontraron diversas pruebas que lo relacionan, habría tenido cómplices en el crimen y estos se conocerían durante su colaboración con la justicia.

“Caerán mas”, sentenció el abogado del presunto asesino, Jimmy Pepinosa, en entrevista con Alerta Bogotá. Aseguró que el crimen correspondió a un intento de hurto de los dineros que poseía Pinzón, quien había logrado ahorrar una importante suma en sus cuentas bancarias.

La Fiscalía, por su parte, determinó que los móviles del crimen justamente habrían sido económicos y señaló, al comunicar el preacuerdo con el principal señalado, que “estarían relacionados con el afán que tendría Torres Campos por cubrir varias deudas”. Entre ellos, habrían planeado cobrar un seguro de vida que recientemente adquirió la psicóloga.

Pepinosa señaló que durante la negociación del preacuerdo el sospechoso solicitó protección para su esposa, la hermana de Pinzón, quien lo ha señalado como un “monstruo”, indicó El Tiempo. Así mismo, que esa tercera persona involucrada habría participado de toda la planeación del crimen y la posterior desaparición del cuerpo de la mujer.

La principal prueba de la Fiscalía para la acusación en su contra fueron los videos del conjunto de apartamentos donde vivía Adriana, que registraron a Torres el 7 de junio entrando y saliendo en dos ocasiones, tanto en la tarde como en la noche.

En una de ellas se le vio con un maletín y luego con unas bolsas plásticas negras pesadas que cargaba con dificultad y subió al vehículo de la psicóloga, el cual inicialmente había dicho que había tratado de vender en el municipio de Chía en la mañana de ese día.

El cuerpo de la psicóloga fue hallado el pasado 23 de junio, en una zanja ubicada a un costado de una vía de la vereda Río Frío, en Zipaquirá. Estaba envuelta en cuatro bolsas industriales negras y de acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, se identificaron heridas con arma cortopunzante.

“Adicionalmente, un conocido del investigado reveló que Torres Campos le dio a guardar un maletín, el cual tenía cuchillos con manchas de sangre, fotografías y documentos de la psicóloga como la licencia de conducción”, sostuvo el ente acusador.

Tras aceptar los delitos como lo contempla el preacuerdo, en caso de ser avalado, podría recibir una pena de 28 años de prisión y una multa de 600 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos que deberá fijar el juez de ejecución.

Aún así, su condena efectiva de privación de la libertad podría ser de alrededor de 13 años, señala El Espectador, pues el Código de Procedimiento Penal otorga beneficios para la mayoría de delitos pues puede solicitar libertad al cumplir las tres quintas partes de la condena, como descontar hasta 200 días por trabajo durante su reclusión.

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