Corte Constitucional fijó lineamientos para reconocer derechos de pacientes con enfermedades en estado avanzado

A partir del estudio de una tutela que una mujer impuso contra el fondo privado de pensiones Protección, la Corte Constitucional fijó lineamientos para que se atiendan oportunamente pacientes con enfermedades en estado avanzado. Este 5 de julio, el tribunal indicó que en estos casos las tutelas son mecanismos válidos para hacer valer los derechos y los fondos de pensiones deben reconocer a los ciudadanos.

Se detalló que la demandante adujo en la tutela que se le estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la vida en condiciones dignas. Esto, teniendo en cuenta que el fondo de pensiones se rehusó a contabilizar los aportes realizados entre la fecha de estructuración de la enfermedad y la fecha de calificación de la pérdida de capacidad laboral para efectos del reconocimiento de una pensión de invalidez.

Ante esto, la Sala Sexta de Revisión encontró que, en ciertas ocasiones, acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral no era pertinente, por lo que validó el recurso de tutela.

El tribunal recordó que, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, para obtener la pensión de invalidez el afiliado debe tener pérdida de capacidad laboral calificada con un porcentaje igual o superior al 50 %. Además, la persona debe haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.

Se resalta que el fallo también determinó que la invalidez que se agrava progresiva y paulatinamente merece un tratamiento jurídico especial y diferente al que se aplica a los casos ordinarios. Este se concreta “en la obligación de reconocer esta pensión con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez”.

Vale la pena recordar que la Corte ha fijado tres reglas que deben ser tenidas en cuenta por las Administradoras de Fondos de Pensiones al momento de estudiar la solicitud de reconocimiento del derecho pensional de una persona con una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa. Bajo estas condiciones, las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden desconocer la capacidad residual de personas con este tipo de enfermedades, quienes con posterioridad a la fecha de la estructuración de la invalidez continúen cotizando al sistema de seguridad social.

De esta manera, la Sala, con ponencia de la ahora exmagistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, concluyó que Protección vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital de la accionante al negarle el reconocimiento de su pensión de invalidez por no acreditar 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración y no tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a tal fecha porque se realizaron mientras que estaba incapacitada.

Por las anteriores razones, el Alto Tribunal confirmó y revocó parcialmente la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, del 15 de diciembre de 2021. En concreto, confirmó la decisión, en el sentido de conceder el amparo y revocó parcialmente para ordenar a Protección que reconozca la pensión de invalidez solicitada por la mujer y la incluya en la nómina para que la primera mesada pensional sea pagada.

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