En las últimas horas, una jueza especializada de Cundinamarca aprobó el preacuerdo entre el mayordomo de la finca del exembajador Fernando Sanclemente, Gustavo Enrique Bejarano Romero y la Fiscalía General de la Nación.
Bejarano Romero aceptó su responsabilidad en los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir. La jueza lo condenó a 10 años y 10 meses de prisión, por el momento, en la cárcel La Modelo de Bogotá.
Además de la condena, el procesado, también deberá pagar una multa de 4.184 salarios mínimos legales vigentes y cumplir una inhabilidad de 130 meses para ejercer cargos y funciones públicas.
En la investigación planteada por el ente investigador se demostró que, “el entonces mayordomo permitió el montaje del laboratorio, facilitó el ingreso y alojamiento de personas dedicadas a producir la cocaína y trasladó a los hombres señalados de mover los insumos o prestar vigilancia, al lugar para alertar sobre la presencia de las autoridades”, explicó la Fiscalía.
El caso por el cual está vinculado Bejarano Romero se remonta al 12 de febrero de 2020 cuando unidades de la Policía Nacional ingresaron a la finca del entonces embajador de Uruguay, Fernando Sanclemente, en Guasca (Cundinamarca) y encontraron tres construcciones rústicas, las cuales estaban dotadas de maquinaria e insumos, y conformaban un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Precisamente, en el operativo, se incautaron algo más de nueve kilogramos del narcótico.
Este operativo, según la Fiscalía General, se realizó tras un trabajo conjunto de las autoridades de Colombia y Estados Unidos, “quienes determinaron la existencia de una organización que adquiría cocaína que era transportada a una finca ubicada en Guasca, donde funcionaba este laboratorio clandestino”.
El pasado primero de julio, la Fiscalía General acusó formalmente a Sanclemente por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de prueba. Esto de acuerdo, a que el ente acusador, señaló que el diplomático ordenó quemar todos los muebles y enseres pertenecientes a la familia de Laureano Martínez, exmayordomo de su finca, tras una reunión con varios de sus empleados.
Entre los elementos que fueron quemados, según la Fiscalía, se encuentran un computador portátil, un computador de mesa, tres celulares, una tablet, tres memorias USB, un disco duro y una caja con cuadernos usados.
“Que, según el mayordomo, contenía información respecto a todo lo desarrollado en torno a su finca con respecto a la construcción, manutención y todo lo desarrollado por el laboratorio encontrado”, dijo el ente acusador.
Por último, la Fiscalía agregó que estos elementos materiales se quemaron con el fin de evitar que “fueran utilizados como elementos cognoscitivos durante las indagaciones que se vienen adelantando por la institución y como medio de prueba en los juicios por el caso de la ‘narcofinca’”.
Bajo esta misma línea, la Fiscalía General concluyó que para la fecha de los hechos, Sanclemente sabía que los elementos que ordenó quemar hacían parte de una investigación.
De acuerdo con la Fiscalía, el potencial de producción de la ‘narcofinca’ era de 1,8 toneladas de clorhidrato de cocaína, es decir, “estos insumos químicos hallados no son de poca monta”, precisó la entidad en la investigación contra varios de los empleados capturados durante los operativos.
En la segunda línea de investigación dentro de este caso, la Fiscalía General reveló que con el fin de evitar cualquier vinculación con este caso, Sanclemente habría buscado la forma directa para eliminar cualquier tipo de evidencia.
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