Concierto para delinquir, el delito que más cometen los congresistas en Colombia según estudio

De acuerdo a un estudio realizado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), la cual examinó las sentencias emitidas por las cortes desde el año 2000, se encontró que la Corte Suprema de Justicia condenó a 137 congresistas y el Consejo de Estado declaró la muerte política a 80 legisladores.

En primera instancia se hallaron 92 sentencias en el caso de la Corte Suprema (ente que investiga y juzga a los congresistas), el delito más cometido por los procesados fue concierto para delinquir con 42,2%. Los otros delitos más comunes fueron peculado con 13.8%, concusión con 8.6%, constreñimiento al sufragante y concierto para promover grupos al margen de la ley con 5.2% cada uno.

De estos 92 fallos, al menos el 90,2% tenían sentido condenatorio, y 106 funcionarios públicos fueron juzgados por estos delitos ante la Sala de Casación Penal de la Corte, según el informe.

Dentro de estas condenas se encuentra la del senador Mario Uribe Escobar, condenado a siete años y seis meses de cárcel, por ‘parapolítica’. Además, la del exsenador Iván Moreno Rojas, a 14 años de prisión, por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá.

Por parte de la Sala Especial de Primera Instancia, se han pronunciado 45 sentencias entre ellas 26 condenas, 16 absoluciones y tres sentencias anticipadas. El caso más juzgado aparece el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales con el 18.9 %, seguido de peculado con 17,8%, prevaricato con 15,6 % y concierto para delinquir con 10%.

En este caso, se registran las condenas del exrepresentante a la Cámara Luis Enrique Salas Moisés, a 10 años y 11 meses de prisión por exigirles a dos miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) parte de su salario mensual prometiéndoles mantenerlos vinculados laboralmente.

En cuanto a los procesos de ‘muerte política’, adelantados por el Consejo de Estado, el informe encontró que la mayor cantidad de decisiones tuvieron que ver con la violación al régimen de inhabilidades con 22 fallos, luego de la violación al régimen de incompatibilidades con 14, la indebida destinación de dineros públicos con 13, la violación al régimen de conflicto de intereses con 12 y el tráfico de influencias con 4.

Y agrega que desde el cambio en la norma en 2018 que habilitó la doble instancia para esos procesos, se habían radicado 108 solicitudes hasta diciembre del 2021 que quedaron en 98 tras acumulaciones de demandas. De estos, 50 fueron negados, 10 fueron decretados, 8 están en trámite, 21 fueron rechazados, tres fueron devueltos y seis pasaron a otras secciones.

De igual manera, el informe muestra que causas de pérdida de investidura después del 2018, “cuando entró a operar la segunda instancia para estos procesos, fueron la inasistencia con 3 fallos, el tráfico de influencias con 3, indebida destinación de dineros públicos con 2, violación al régimen de incompatibilidades con 2, violación de los topes máximos de financiación y no tomar posesión del cargo”.

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