En los últimos días, la Alianza Canal del Dique envió una petición dirigida al presidente electo Gustavo Petro y a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, con el objeto de invitarlos a dialogar con el actual mandatario, Iván Duque, para que detengan el proceso licitatorio del Canal del Dique. Esto, a raíz de posibles fallas en la socialización del proyecto para extender el conocimiento de la iniciativa. Las organizaciones sociales que representan a los habitantes que habitan en las cercanías de la zona en la que se desarrollará el megaproyecto, aseguran que no han sido escuchadas por parte del gobierno actual.
A través de la plataforma VoxPopuli Corporación y de la Alianza Canal del Dique se ha trabajado, por parte de la misma comunidad, para dar a conocer el proyecto que procura garantizar el tránsito fluvial de embarcaciones de todo tipo. Sin embargo, tal como lo aseguran los habitantes de las poblaciones locales, la inconformidad con la realización del proyecto radica en las fallas del proceso de socialización y conocimiento de la iniciativa.
Con el ánimo de lograr que se detenga el proceso de licitación que, se realizaría en el periodo de gobierno actual, se acordó por parte de la Alianza y Asamblea Popular por la Autonomía, Defensa, Protección y Desarrollo del Canal del Dique, (Alianza Canal del Dique), y la bancada el Pacto Histórico una audiencia, en donde las organizaciones locales argumentarán los motivos por los cuales se le pide al gobierno la inmediata suspensión de la licitación.
En la carta enviada, las comunidades manifestaron su preocupación por el curso que ha tomado el fallido diálogo con el gobierno al expresar que: “El proyecto avanza y será licitado el día 4 de agosto de 2022, dando cumplimiento a la promesa hecha por Martha Lucía Ramírez quien afirmó que “este proyecto se licitará gústele o no a las comunidades”.
Y agregó: “Señor presidente electo Gustavo Petro Urrego, usted asumió el compromiso de desarrollar este proyecto, decisión que implica escuchar a las comunidades, garantizar el derecho a la participación, y hacer los ajustes y modificaciones que se requieran, tanto en el diseño y estructuración, como en los acuerdos de Consulta Previa obtenidos bajo maniobras engañosas y fraudulentas por la ANI, y la Dancp. Lo anterior supone que debe respetarse el debido proceso, cumplir con las obligaciones internacionales del Estado colombiano y aplicar el principio de planeación contractual, disposiciones que han sido vulneradas”.
La alianza que se ha conformado, en torno a la realización de este proyecto, está compuesta por un amplio grupo de afrodescendientes, indígenas y líderes sociales que habitan en las cercanías del canal. Desde hace más de un año los ciudadanos, según indica el comunicado dirigido al presidente electo Gustavo Petro, le han venido solicitando a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio del Interior a través del Derecho a la Consulta Previa, la socialización e información de Megaproyecyto Ruta Fluvial 5G- “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”.
Sin embargo, aseguran que solo se han encontrado con el silencio por parte de las autoridades. Es válido precisar que el derecho a la consulta previa es constitucional y para que los grupos étnicos puedan decidir sobre medidas acerca de proyectos que se vayan a realizar dentro de sus territorios, para buscar la protección de su integridad cultural y garantizar el derecho a la participación.
Este proyecto plantea la navegabilidad de todo tipo de embarcaciones de transporte de mercancías a través del Canal del Dique, para conectar de esta manera los inicios del afluente en el río Magdalena con los puertos del Caribe colombiano. Con esta construcción también se pretende contener las constantes inundaciones que sufren los pobladores del sector.
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