Esto deberá pagar Jonathan Torres por participar en el asesinato de la sicóloga Adriana Pinzón

El delincuente se comprometió a aceptar su responsabilidad en la muerte y desaparición de su cuñada

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En el principio de las investigaciones, Jonathan Torres no aceptó los cargos con los que se le vinculan como principal sospechoso en la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón, su cuñada. Imagen: Fiscalía General de la Nación.
En el principio de las investigaciones, Jonathan Torres no aceptó los cargos con los que se le vinculan como principal sospechoso en la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón, su cuñada. Imagen: Fiscalía General de la Nación.

Jhonatan Torres Campos, de manera voluntaria, suscribió un acta de preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso que se le sigue como presunto responsable del crimen de la sicóloga, Adriana Pinzón, ocurrido el pasado 7 de junio, en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).

El hombre se comprometió a aceptar los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada de la profesional de 42 años de edad. De igual manera, previo aval judicial, recibiría una pena de 28 años de prisión y deberá pagar una multa de 600 salarios mínimos mensuales vigentes, osea más de 600 millones de pesos. Además, de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Según la Fiscalía General de la Nación, hay abundante material de prueba y evidencia física que dan cuenta de que Torres Campos habría sido la última persona que vio a la víctima con vida. Asimismo, estos permitieron detectar las contradicciones en las que, supuestamente, incurrió para evitar que los investigadores lo descubrieran y ubicaran el cuerpo de su cuñada.

En las últimas horas había trascendido que Torres Campos, según su abogado defensor, Jimmy Pepinosa, confesó que el asesinato de la mujer se había ejecutado en compañía de alguien más con el objetivo final de robarla.

La ruta del esclarecimiento

Es de recordar que este caso salió a la luz luego de que los familiares de la sicóloga reportaron su desaparición, ocurrida el 7 de junio pasado, y que la Fiscalía activó el mecanismo de búsqueda urgente (MBU) y, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el ente acusador puso en marcha un plan metodológico para avanzar con rapidez en el esclarecimiento tomando a Torres Campos como principal sospechoso.

Inicialmente, los videos de las cámaras de seguridad del conjunto residencial donde vivía Adriana Pinzón mostraron que Torres Campos ingresó al apartamento ese 7 de junio pasado el mediodía. Entre la tarde y noche salió en dos oportunidades con el carro de su cuñada. Primero, con un morral negro; luego, con bolsas plásticas que cargaba con dificultad y dejó en el baúl del vehículo.

De otra parte, en la inspección hecha al inmueble de la mujer, los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación, (CTI) hallaron rastros de sangre en una habitación y en otros puntos.

Adicionalmente, un conocido del investigado reveló que Torres Campos le dio a guardar un maletín, el cual tenía cuchillos con manchas de sangre, fotografías y documentos de la psicóloga como la licencia de conducción.

El pasado 15 de junio, el señalado agresor fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. El procesado no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Las labores investigativas continuaron y arrojaron nuevos elementos que permitieron a un equipo especializado del CTI ubicar el cuerpo de Adriana Pinzón, la madrugada del reciente 23 de junio, en una zanja ubicada a un costado de una vía de la vereda Río Frío, en Zipaquirá (Cundinamarca). La mujer estaba oculta en cuatro bolsas plásticas industriales y, según el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tenía algunas heridas ocasionadas con arma cortopunzante.

La Fiscalía determinó que los móviles del crimen serían económicos y estarían relacionados con el afán que tendría Torres Campos por cubrir varias deudas.

El preacuerdo suscrito fue socializado con las víctimas y será presentado ante un juez de conocimiento para su aprobación.

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