Exsecretaria ejecutiva de la JEP rompió su silencio tras ser declarada inocente de los cargos imputados por la Fiscalía

En septiembre de 2018, la suerte jurídica de Martha Lucía Zamora dio un giro de 180 grados. El 7 de ese mes, la que oficiaba entonces como secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, debía estar presente en un seminario realizado en Paipa -Boyacá- para analizar los resultados del organismo judicial a pocos días de cumplir cinco meses. Días después, la Fiscalía General de la Nación le abrió un proceso a ella y dos contratistas que trabajaban con ella.

De acuerdo con su relato entregado a El Espectador, el magistrado Rodolfo Arango había enviado a los participantes de dicho seminario un correo con dos casos para ser analizados durante el encuentro. Ambos eran hipotéticos, pero el llamado caso uno trataba de un excombatiente de las Farc que fue capturado, se encontraba en libertad condicional y, posteriormente, se fugó de su espacio territorial incumpliendo lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Asimismo, relató que de manera paralela había tenido varias llamadas y mensajes donde habló de un hipotético escenario de fuga de alias El Paisa, Iván Márquez y Romaña. Esto fue tomado por la Fiscalía como prueba para abrirle a ella y a otros dos funcionarios la investigación por delitos relacionados con el presunto favorecimiento a miembros de la extinta guerrilla. Otro elemento que la entidad dirigida en ese entonces por Néstor Humberto Martínez fue una conversación que tuvo con la abogada July Milena Henríquez. De hecho, ella fue víctima de interceptaciones del órgano judicial.

Para la exsecretaria ejecutiva de la JEP, el argumento usado para escuchar las conversaciones de la abogada era “insólito: investigar la supuesta falsedad en la firma de unos formularios de permiso de salida del país de unos excombatientes (...) ¿Para qué le iba a servir al investigador escuchar conversaciones cuando lo que pretendía determinar era si una firma era o no ilegal?”, explicó en entrevista con la periodista Cecilia Orozco en el medio citado.

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Esta investigación llegó con un desprestigio que llegó al punto que una entidad bancaria le cancelara su cuenta de ahorros. Además, la Embajada de Estados Unidos le notificó que tanto a ella como a su hija les fueron rechazadas sus visas de ingreso a ese país; y también en la JEP fue sancionada incluso por las mismas víctimas. De acuerdo con su testimonio, una de ellas reclamó públicamente en la sala de audiencias que la Jurisdicción Especial tuviera en las ternas a funcionarias cuestionadas como ella.

La injerencia del entonces fiscal general en el caso

Majer Abushlilab fue el funcionario que llevaba el caso, y de acuerdo con Zamora, era hombre de confianza de Néstor Humberto Martínez, cabeza de la entidad. La exfuncionaria indica que esta tuvo un abuso y “trato indigno” en contra suya y de la abogada Henríquez durante todo el proceso, incluyendo el hecho de que ”la analista que escuchó mi llamada emitió una alerta sobre un presunto alias, el de Jefecita, pues así se refería a mí” la abogada investigada y que padeció las interceptaciones telefónicas.

Incluso, Martínez Neira, en aquel 2019, dio una rueda de prensa para anunciar, con bombos y platillos, que tenían evidencia que “funcionarios inescrupulosos” de la JEP estaban entorpeciendo el trabajo de la entidad. Sumado a eso, el fiscal Abushlilab mostró como prueba sobreviniente, el famoso video donde aparecieron Iván Márquez, Jesús Santrich, alias Romaña y El Paisa, argumentando que ella tenía relación con ese materia.

Finalmente, la exfuncionaria del mecanismo de justicia transicional lamentó que “perdí muchos años de vida dedicada a mi defensa. Nadie me los puede devolver ni restablecer. Fue muy duro. Me duele no haber estado en la JEP y no vivir el alcance de sus funciones”.

Actualmente, Zamora trabaja de la mano con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, en la Agencia de Paz del Departamento.

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