Procuraduría pide informe a la UNP sobre los vehículos asignados a líderes sociales

La Procuraduría General de la Nación le exigió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que presente un informe sobre el estado de los carros que se asignan a los esquemas de seguridad de líderes y lideresas sociales que han reportado amenazas contra su vida.

La entidad aseguró que ha recibido varias quejas por parte de esta población vulnerable: por ejemplo, la UNP estaría entregando vehículos en mal estado, no garantizaría su reparación cuando sufren averías y se demorarían demasiado tiempo en asignarlos, con lo cual estas personas circulan desprotegidas durante meses.

El director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, deberá entregarle a la Procuraduría, en un plazo de diez días o menos, un listado con las características técnicas que debe tener cada vehículo, el tiempo de servicio recomendado en cada caso, el costo promedio por año, los nombres de las empresas privadas subcontratadas para el suministro de vehículos y la identidad de sus representantes legales.

También tendrán que incluir en ese informe el número de accidentes reportados por fallas técnicas en estos carros, las solicitudes de cambio de vehículo registradas, atendidas, rechazadas, y el tiempo que se tardan los reemplazos y las reparaciones de estos, entre otros datos relevantes.

No es infundada la preocupación de la procuradora. Varias quejas se han presentado solo en 2022 por parte de personas que no reciben sus vehículos o a quienes jamás se los reparan, con lo cual deben dejar de utilizarlos y quedar en situación de vulnerabilidad.

Por ejemplo, el coordinador zonal de la Guardia Indígena, Oveimar Tenorio, fue atacado a tiros cuando se movilizaba en motocicleta en mayo pasado. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), la UNP le dijo al líder que no le asignaría un vehículo por falta de disponibilidad. Esta respuesta fue rechazada por la guardia indígena, que catalogó como negligente la labor de la UNP, destacando que esto pone en riesgo la vida de los nativos.

En febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interpuso una solicitud similar para Pastor Alape, delegado del Partido Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación.

El exintegrante del extinto secretariado de las Farc había denunciado fallas en su esquema de seguridad y y alertó sobre el riesgo que corría su vida durante una audiencia con la Jurisdicción Especial de Paz realizada en noviembre pasado .

En esa reunión el miembro del Partido Comunes expuso situaciones claras en la que la seguridad que se le presta la UNP se debilita en varias ocasiones y reveló el mal estado en el que se encuentran los vehículos oficiales asignados para sus desplazamientos.

Puso como ejemplo el día que debió viajar a La Guajira, donde estuvo en el sepelio de un excombatiente, y realizó otras actividades de reincorporación social y económica, para luego viajar a Antioquia. “El recorrido lo hice sin protección completa, debido a que la UNP solo aprobó el desplazamiento de un conductor con una camioneta convencional”.

Cuando la Corte Constitucional le hizo una solicitud similar a la UNP, en abril pasado, el director Campo respondió que la entidad —adscrita al Ministerio del Interior— no ha podido comprar carros nuevos porque no están llegando.

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