Procuraduría investigará a 19 de 21 concejales de Barranquilla

La procuradora delegada para la vigilancia administrativa, asuntos sociales y paz (en calidad de encargada), Yolanda Reyes Niño, le formuló pliego de cargos a 19 de los 21 concejales de Barranquilla. Según el escrito, se adelanta esta actuación de manera preventiva para hacer el seguimiento y acompañamiento en el caso del nombramiento de Angélica María Ávila Goldfarb, quien asumió la personería de la capital del departamento del Atlántico, en febrero del año 2020.

El caso comienza cuando Jaime Sanjuán Pugliese le notificó al Concejo de la ciudad, el 10 de febrero, que a fin de ese mes terminaba su periodo como personero distrital, pero, como en ese momento se encontraba inhabilitado por orden del Juzgado 13 Administrativo de la capital del Atlántico, se debía nombrar a un remplazo hasta que se dieran el nuevo nombramiento oficial.

Por ello, Juan Camilo Fuentes Pumarejo, presidente del Concejo, consideró que la entonces directora de Talento Humano de la Personería, María Ávila Goldfarb, era quien seguía en el orden jerárquico de la entidad, por lo que debía ser ella quien se encargaría de asumir el liderazgo.

Tras la notificación, al parecer la “ternada” presentó su hoja de vida, para cumplir con los requisitos, pero, en la plenaria de la corporación, se manifestó que Ávila no tenía todos los méritos necesarios para asumir el cargo, por lo que no era viable su elección.

Aun así, el 27 de febrero de ese año, la plenaria determinó, por mayoría de votos, que ella fuera la personera encargada; en total fueron 19 concejales los que “dieron el sí”: Fredy Barón (Partido Liberal), Heidy Barrera (Partido de la U), Leyton Barrios (Cambio Radical), Zamir Benavides (Cambio Radical), Antonio Bohórquez (Polo Democrático), Ernesto Crissien (Partido de la U), Julio Álvarez (Centro Democrático), Oswaldo Díaz (Cambio Radical), Richard Fernández (liberal), Juan Camilo Fuentes (conservador), María Henríquez (Cambio Radical), Samuel Marino (Conservador), Andrés Rengifo (Partido Verde), Juan Carlos Ospino (La U), Recer Lee Pérez (Polo Democrático), Samir Radi (Cambio Radical), Andrés Ortiz (conservador), José Trocha (Cambio Radical) y Mauricio Villafañez (liberal).

Tras esta elección se determinó que la personera encargada estaría 3 meses en el cargo, hasta que se realizara el nombramiento del funcionario oficial. Pues ese voto a favor, según la Procuraduría General de la Nación, constituye una falta, pues los corporados sabían que ella no cumplía con los requisitos para su posesión. Así lo deja ver el escrito que contiene el pliego de cargos:

El ministerio público detalló la responsabilidad de cada uno de los concejales en dicha elección, señalando que violaron el régimen de prohibiciones al elegir y posesionar a una persona que no reunía los requisitos legales, a sabiendas de tal situación.

“La conducta correspondía al ejercicio de la función pública y con su accionar, al parecer, lesionaron el principio de moralidad, cuya desviación del cumplimiento de la función en si misma ha producido un perjuicio al interés general, al favorecer con ello a quien carecía de los requisitos legales exigidos al momento de ser elegida, nombrada y posesionada desconociendo con el actuar de los concejales de Barranquilla inculpados, el derecho positivo, e imponiendo como cabeza del Ministerio Público del Distrito de Barranquilla a un servidor que no cumplía las calidades exigidas por el legislador”, agregó.

Los implicados tendrán como plazo máximo 10 días para presentar su escrito y recursos para la defensa. Después, la Procuraduría determinará si esto amerita algún tipo de sanción o inhabilidad.

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