Los 53 muertos y los 24 heridos que dejó el incendio en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, tiene bajo la lupa a varios miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), además del mismo ministro de justicia, Wilson Ruíz; a quienes les piden regular y revisar el sistema de los centros de reclusión en todo el país. Pero el jefe de la cartera judicial culpa a los alcaldes y gobernadores por “el olvido” de los penales, de ahí que el el acalde de Cali, Jorge Iván Ospina, saliera en defensa de los mandatarios, asegurando que la responsabilidad es del gobierno nacional.
La Procuraduría pidió al Inpec, gobernadores, alcaldes locales y entes territoriales para que atiendan la situación de los centros de reclusión en el país; esto tras una visita a la cárcel de Tuluá luego del incendio.
Puntualmente para el lugar del incendio, el ministerio público solicitó que se cierre el pabellón afectado:
“Luego de las diligencias practicadas y de constatar el estado de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Tuluá, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la gobernación Del Valle del Cauca y a la alcaldía municipal, evaluar de manera inmediata la posibilidad de ordenar sellamiento de la estructura antigua del establecimiento carcelario. Para el del ente de control esta edificación pudo verse afectada en su integridad como consecuencia del incendio ocurrido en la madrugada del 28 de junio”.
Cabe resaltar que las autoridades han determinado que, al momento de la contingencia, había 1.267 privados de la libertad, por lo que se estima que la cárcel se encuentra en estado de hacinamiento, pues asegura a unos 200 presos más de lo que debería custodiar, más o menos el 17 % de sobrecupo.
Es por esto que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pidió que se declare la emergencia carcelaria, precisamente para subsanar todas las deficiencias que tienen las personas privadas de la libertad, además de evitar una futura tragedia.
“Nosotros le insistimos y le solicitamos al Gobierno Nacional que decrete la emergencia carcelaria, porque hay unos problemas muy graves de hacinamiento, de comportamientos faltos a la legalidad, de realidades dolorosas (...) Se trata de seres humanos en condiciones precarias y nuestra obligación es garantizar los derechos fundamentales; por eso volvemos a hacer este llamado y poder tomar medidas”.
Sus declaraciones se dieron durante un consejo de seguridad adelantado para determinar una ruta de acción, donde se busca entender las problemáticas que existen para los presos de Cali.
Pues esta solicitud no fue muy bien recibida por el ministro de justicia y derecho, Wilson Ruíz, quien aseguró que los quienes deben atender todas estas problemáticas son los mandatarios locales y gubernamentales. Incluso, atizó la situación con la tragedia de Tuluá, asegurando que la mayoría de los fallecidos eran personas sindicadas, no con una sentencia en firme.
“El alcalde de Cali siempre está fuera de base. Yo pienso que él tiene que leerse la Ley 65 del 93 y Plan Nacional de Desarrollo. (Debería tomar como) ejemplo de Barranquilla y otras ciudades del país que están construyendo centros carcelarios para poder atender los sindicados (...) gran parte de los que han muerto en Tuluá eran sindicados, cuando esta obligación de los sindicados es de los alcaldes y gobernadores, a nosotros (refiriéndose al gobierno nacional) nos corresponden los condenados”.
La respuesta no se hizo esperar por parte del mandatario caleño, quien en su cuenta de Twitter le ratificó que existe una crisis carcelaria: “Ahora resulta que el Ministro de Justicia Wilson Ruíz le quiere trasladar a los Alcaldes la horripilante situación vivida en el sistema carcelario que tiene como reciente hecho la muerte de 53 internos en Tuluá. No ministro, existe una crisis nacional carcelaria y debe asumirla”.
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