Siguen sin llegar a sus territorios algunos de los indígenas que estaban en el Parque Nacional

A casi 2 meses de la salida de la Comunidad Indígena Bakatá del Parque Nacional, la Alcaldía de Bogotá, representada por la Secretaría de Gobierno, dispuesto unos albergues, los cuales eran prestados por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON. De los más de 1.500 que estaban asentados en el parque, quedan 520 a la espera de que se les resuelva su situación.

Fueron unos 10 puntos los que se negociaron, en resumen, el distrito garantizaba el cubrimiento de “sus derechos básicos” y ellos desalojaban el Parque Nacional:

Eran dos los albergues que se les ofrecieron a los indígenas, uno ubicado en la sede del IDIPRON ubicada detrás del Parque La Florida, a las afueras de Bogotá, y el otro en la sede La Rioja, en el barrio San Bernardo, en el centro de la capital de la República.

Pues han comenzado a notarse algunas irregularidades, pues estos espacios estaban “diseñados” para que, en el plazo de un mes, máximo, todos los indígenas volvieran a los territorios. En una visita que hizo Infobae, donde habló con los encargados de la sede de La Florida y algunos de los indígenas, esta era la versión que también entregaron, argumentando que nuevamente los caracterizarían y determinarían cuales serían las ayudas y restituciones particulares, para cada caso.

Pero, ese plazo se venció, aunque varias familias han logrado retornar a sus territorios, 182 personas exactamente, pero aún quedan 520, las cuales están habitando estos lugares de paso transitorio.

Precisamente esto es lo que ha derivado en todos estos retrasos, ya que hay casos de “fácil resolución”, mientras que hay otros mucho más complejos, o que realmente no se pueden resolver; esto es precisamente lo que explica Jairo Montañez, uno de los líderes de la comunidad, en diálogo con El Tiempo: “Sabemos que se está haciendo una gestión con los temas de la política pública, que se logró el tema del recurso y del financiamiento, pero una cosa es que se logre y otra, que se entregue o que se materialice”.

Pero, algunos indígenas, particularmente los que residen en la Unidad de Protección Integral, UPI, de La Rioja, denuncian que no se les están garantizando sus derechos básicos, los recursos escasean, e incluso denuncian hacinamiento.

Por lo pronto, estas comunidades seguirán albergadas en estos centros transitorios, algunos pretenden radicarse definitivamente en la ciudad, por lo que allí se activan otros protocolos de atención, pero, la mayoría anhela con volver a sus territorios, el problema es que la alcaldía no puede hacer posibles algunos de estos retornos, porque no les corresponde y por qué no pueden.

El actor principal de este proceso es la Unidad para las Víctimas, UARIV, en compañía del Ministerio del Interior, que aseguran, han cumplido, pero que siguen trabajando para que se puedan adecuar los temas logísticos que conlleva el traslado de las comunidades.

El distrito no se ha vuelto a pronunciar sobre la situación de estas personas, pero, hacia final de año se espera que a todas estas personas se les dé una solución para esta situación, así lo dejó ver el secretario Jiménez, asegurando que se siguen avanzando en cada uno de los puntos firmados hace casi 2 meses. Se espera que las instituciones involucradas tomen parte para darle la pronta resolución a las familias que quedan en Bogotá.

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