Qué son los Ocad Paz y en qué consiste el escándalo por el robo de los recursos

El Ocad Paz ha estado figurando recientemente en medios de comunicación nacionales por presuntas irregularidades en la aprobación de recursos para proyectos relacionados al final del conflicto colombiano. De acuerdo con los alegatos, se ha evidenciado la existencia de coimas dentro de los procesos previamente mencionados, de hecho, han resultado involucrados uncionarios del DNP, la Contraloría General de la República y congresistas del Partido Conservador. Sin embargo, ¿Qué son los Ocad Paz y qué está ocurriendo con sus recursos?.

De acuerdo con lo que está descrito en la página web, el Ocad Paz el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) que se responsabiliza de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, “que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. También es responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo”. Esta entidad acciona en los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

“Están extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que les den el ok”, se lee en un correo enviado al ex consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, que, para aquellos días, presidía el Ocad Paz.

Según se conoció en la denuncia, los involucrados en las irregularidades estarían cobrando comisiones de hasta el 12% para que algunos de los proyectos fueran aprobados para su ejecución. Documentos revelados por el diario La República señalan que, desde marzo del año 2021, entidades como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia tendrían conocimiento de las denuncias sobre los supuesto negocios irregulares. Dentro de los negocios que se salen de la legalidad se resaltan aprobaciones de proyectos que no contaban con consultorías, obras que no tenían aprobación de autoridades regionales o permisos de entidades como Invias.

“En este estudio también se analizó la inversión destinada a la implementación del Acuerdo Final de Paz y se identificaron proyectos que fueron admitidos por el Ocad Paz sin la debida verificación de los requisitos indispensables establecidos en el Concepto Único Sectorial, a la luz de la Ley 2056 de 2020 para su respectiva priorización, aprobación y posterior contratación y ejecución”, explica la Contraloría. Entre junio y julio, por ejemplo, se dio vía libre a unos 355 proyectos, lo que habría dejado un intercambio de coimas de hasta 500.000 millones de pesos.

El Sistema General de Regalías resalta que las entidades regionales que tienen mayor asignación de recursos son Bolívar, con $243.000 millones; Cauca, con $222.000 millones; y Guaviare, con $203.000 millones. A esta lista se suman los municipios de Valencia, $135.000 millones); Fonseca, $123.000 millones; y Pueblo Bello, $115.000 millones. De acuerdo con lo que se denuncia, Álvaro Ávila, entonces director del Sistema General de Regalías del DNP, estaba a cargo de la Secretaría técnica del Ocad-Paz.

“Lo que más llamó la atención de la Contraloría fue que los 8 proyectos y sus estudios fueron elaborados por la misma persona, a título de donación y sin vínculo contractual con las administraciones auditadas, configurándose una posible malla contractual, con el mismo formulador y una misma empresa contratista para todos los municipios camuflada en distintas uniones temporales”, indicó ese ente.

Ante lo ocurrido, la Contraloría denunció, penalmente, ante la Fiscalía, a los supuestos responsables. “En calidad de ciudadanos y funcionarios públicos estamos siendo víctimas de conductas de injuria y calumnia, y con ello además de afectar nuestro buen nombre genera un riesgo alto para la Contraloría General de la República (CGR), entidad para la que laboramos”, dijo la entidad.

La denuncia, específicamente, señala a Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el Posconflicto y Aníbal Quiroz, contralor delegado macro de la Unidad de Seguimiento a Regalías; y a congresistas como Álvaro Ávila, secretario Técnico del Ocad Paz.

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