María Mercedes Perry, exliquidadora del DNE, irá a juicio por presunta corrupción

La Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación en contra de la exliquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), María Mercedes Perry, por presunta corrupción. La exfuncionaria habría violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidad al entregar un contrato de 1.200 millones de pesos a la empresa Almagrario S.A. y ahora afrontará un juicio por ese delito.

Al parecer, Perry figuraba en la junta directiva principal de dicha sociedad mientras trabajaba para el DNE. Así lo explicó el documento de la Fiscalía General de la Nación conocido por El Espectador : “aún figuraba como miembro de la junta directiva y al mismo tiempo era la liquidadora de la dirección nacional de estupefacientes”, por lo que existiría una “incompatibilidad para contratar con dicha sociedad de conformidad con el régimen constitucional y legal de inhabilidades e incompatibilidades”.

Según el ente investigador, la exliquidadora estuvo en el DNE entre 2011 y 2014 y designó a Edith Garzón para que expidiera el acto de administrativo que contrataría directamente con Almagrario S.A. con el fin almacenar vehículos y aeronaves de la entidad. Cinco días después firmaron oficialmente el convenio interadministrativo.

Al entregarle el poder a Garzón, Perry habría tratado de evadir la incompatibilidad señalada por la Fiscalía. Sin embargo, “en el poder dejaba constancia que las funciones de la apoderada se ejercían conforme a las direcciones de la liquidadora, en este caso sería Perry”, explicó El Espectador.

El material probatorio de la Fiscalía está compuesto por más de diez documentos y siete testimonios que indican la responsabilidad de Perry en el delito ya mencionado. El medio de comunicación ya citado manifestó que por esa imputación de cargos podría pagar de 64 a 216 meses de prisión. También afrontaría “una multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses”, dice el Código Penal.

Perry es conocida por realizar la liquidación de la empresa pirámide DMG, que fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades en 2018 para ponerle fin al emporio conformado por nueve empresas. Después de eso, la exfuncionaria del DNE demandó al Estado por casi 50.000 millones de pesos argumentando que correspondían a dos predios que “le debían ser entregados”; sin embargo, la Superintendencia del Notariado reversó esa decisión.

El caso de la pirámide DMG

La captadora ilegal de David Murcia Guzmán extendió sus tentáculos por toda Colombia, especialmente en Bogotá. Allí arrendó un amplio edificio como sede, donde los socios sacaban electrodomésticos como parte de pago del esquema de captación ilegal de dinero que ofrecían. La fórmula que planteaban consistía en pedir grandes cantidades de efectivo para luego entregar rendimiento e intereses de esta plata, e incluso se podían comprar productos en las mismas oficinas de la empresa con esas ganancias.

La fama de DMG fue su talón de Aquiles, pues las autoridades empezaron a indagar sobre el origen de este sistema y sospechaban que la empresa hacía parte de un entramado para el lavado de dinero, según el diario El Tiempo. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Murcia Guzmán logró recaudar más de dos mil millones de dólares a través de la empresa entre 2007 y 2008. La compañía tuvo tal éxito que se pudo expandir a Panamá, Venezuela y Ecuador.

Al momento de su intervención, por parte de la Superintendencia de Sociedades, más de un millón de personas fueron afectadas y perdieron sus ahorros e inversiones. Con esta decisión comenzó la pelea por sus activos y la repartición de lo poco que se encontró.

SEGUIR LEYENDO: