Juez ordenó nulidad absoluta de elección de Carlos Jaller como rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla

El juez 15 civil de Barranquilla, Raúl Alberto Molinares, encontró irregularidades en el accionar del entonces Consejo Directivo en el nombramiento del prófugo Carlos Jaller, que fueron perfeccionadas por él mismo

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Por ahora, la Fiscalía General
Por ahora, la Fiscalía General continúa identificando a todas las personas que estuvieron inmersas en los malos manejos de recursos dentro de la Unimetro, así como el valor total del descalabro financiero.

En las últimas horas el exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla Carlos Jaller sufrió un nuevo revés judicial por cuenta de la decisión adoptada por el juez 15 civil de Barranquilla, Raúl Alberto Molinares, quien ordenó la nulidad absoluta de su elección como rector por parte del Consejo Directivo del claustro académico.

De acuerdo con información allegada, la decisión del togado se fundamentó en hechos evidentemente irregulares cometidos por el Consejo Directivo de la Universidad y perfeccionados con el consentimiento del propio Jaller, como apuntó el juez, “de ahí el deber que tenía el señor Jaller Raad de advertir a los demás miembros del Consejo Directivo del error en que incurrían, no por su designación, sino en cuanto al periodo por el cual se efectuaba”, señaló.

Según los estatutos de la universidad, que como bien enfatizó el juez, gozan de fuerza obligatoria de acuerdo al Código Civil, el periodo del rector es de dos años. Sin embargo, Jaller fue designado por cinco años, “nombramiento a todas luces violatorio de las normas internas del centro de formación superior”.

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Para el juez Molinares, este nombramiento violatorio facilitó que Jaller asumiera el control de la universidad durante un periodo en el que, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, se produjo un desfalco de más de 30 mil millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, actualmente Jaller y su esposa, Ivonne Acosta, son prófugos de la justicia, pues contra ellos pesan órdenes de captura para que respondan por múltiples delitos, como enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, delito informáticos, ocultamiento de documento privado, entre otros.

Durante la lectura del fallo, el juez concluyó que, “la infracción de los Estatutos, unida a la conducta asumida por el escogido (Carlos Jaller) como rector, quien es conocedor de ese cuerpo normativo e integrante del Consejo Directivo, repugna el ordenamiento jurídico, a tal punto de que su nulidad absoluta debe ser decretada”.

Con esta realidad, Jaller no puede continuar enarbolando su calidad de exrector, toda vez que su ingreso a la universidad fue contrario a la normatividad vigente. Por ese ilícito, tres personas integrantes del llamado ‘Clan Jaller’ se encuentran imputadas, dos de ellas, Dorina Tapia y Jorge Hernández Cassis están privados de la libertad. La otra es su esposa, Ivonne Acosta.

El pasado 7 de marzo, el actual rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Luis Fernando Acosta Osío, emitió un comunicado en el que expresó que: El dinero ilegalmente sustraído no le pertenece a nadie distinto que a los estudiantes de la Metropolitana. Esos multimillonarios recursos (30 mil millones) debían ser exclusivamente destinados al fortalecimiento y ampliación de los programas académicos que ofrece la universidad”.

Entre tanto, un juez del municipio de Juan de Acosta en el Atlántico, ordenó el embargo de 17 bienes y cuentas de la exfuncionaria Dorina Tapia, quien fue imputada y se encuentra privada de la libertad por el mismo caso. Esta mujer también fue imputada por el delito de enriquecimiento ilícito.

Por esta misma investigación, fue investigado el exsenador Eduardo Pulgar, acusado de ofrecer un soborno a un juez por 200 millones de pesos, para favorecer ilícitamente a uno de los sectores en el enfrentamiento entre la familia Jaller y la universidad. Por ahora, la Fiscalía General continúa identificando a todas las personas que estuvieron inmersas en los malos manejos de recursos dentro de la Unimetro, así como el valor total del descalabro financiero.

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