Inician indagación contra la Secretaría de Movilidad de Medellín por un presunto detrimento patrimonial

La Personería de Medellín inició una indagación previa contra la Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña por un presunto detrimento patrimonial que se habría presentado en una subasta en la que la entidad, supuestamente, vendió vehículos convertidos en chatarra a un precio menor al que se consigue en el mercado.

El órgano de control de la capital de Antioquia anunció que esta indagación se adelanta a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, con el propósito de establecer si se incurrió en alguna falta dentro de la entidad, ya que llegado caso de que se compruebe que las quejas tienen sustento, se iniciará la apertura formal de investigación

“La razón concreta está relacionada con la presunta venta de chatarra a un precio menor al que se consigue normalmente en el mercado. Según la publicación, más de 50.000 vehículos abandonados en el lote de la Secretaría de Movilidad, fueron supuestamente vendidos en un 90,2 % menos del precio normal”, explicó la Personería de Medellín.

A su vez, señaló que esta indagación se lleva a cabo con el respeto a la garantía del debido proceso, argumentando que, si con el recaudo de las pruebas se establece la existencia de una falta disciplinaria, se realizará la apertura de la Investigación Disciplinaria y la formulación de pliegos si lo amerita.

Según la denuncia de El Colombiano, la entidad habría vendido estos vehículos que se encontraban en los patios de tránsito a $98 el kilo, a pesar de que el valor comercial superaba los $1,000, con lo que se estaría presentando un detrimento, en medio de esta subasta en la cual participó la Unión Temporal RYM, conformada por Recicladora Naranjo y HAQ Steels PVT S.A.S., el único oferente.

De igual manera, el representante de la Unión Temporal, Rafael Naranjo, argumentó, según declaraciones recogidas por El Colombiano, que adquirió la chatarra a este precio debido a que es necesario limpiarla de algunos otros elementos como fluidos y vidrios, al tiempo que aclaró que era necesario el traslado de la mercancía hasta los puntos en los que se realiza su proceso en los municipios de Bello, Antioquia, y Cartagena, Bolívar.

Esta denuncia fue realizada por el concejal del Partido Verde, Daniel Duque, quien había señalado que con el propósito de que no fuera una subasta plural, tal como lo recogió el medio El Espectador, “la Secretaría de Movilidad creó unos requisitos a la medida de UT RYM. En estos exigen una Prensa Cizalla de Gancho Móvil Ampliroll, innecesaria para el proceso, porque por normatividad ambiental, ¡e incluso los propios estudios previos!, los vehículos deben ser transportados hasta el predio que disponga el contratista”.

Sin embargo, la Alcaldía de Medellín rechazó estas denuncias y aseguró que no era un caso de detrimento patrimonial, debido a que se evitaba la contratación de un predio nuevo, que representaría un costo de $200 millones mensuales, lo que representarían $2,400 millones al año, con lo que se estaría ahorrando $5.000 millones en estos parqueaderos.

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