Tres días tiene el demandante, que buscaba sacar a Gustavo Petro y Francia Márquez de sus cargos como presidente y vicepresidenta, para corregir la demanda que presentaron ante el Consejo de Estado y que fue inadmitida en la mañana de este jueves 30 de junio.
El proceso fue instaurado ante el Consejo de Estado por el ciudadano Marco Di Sierra, que aseguró en su denuncia que la elección de Petro y Márquez como nuevos jefes del Gobierno de Colombia tuvo varias inconsistencias como la ausencia de jurados de votación y algunas anomalías en los tarjetones que los colombianos depositaron en las urnas.
El individuo argumenta en su documento que la campaña del Pacto Histórico compró “votos en los barrios estrato 1 y 2 y fuera de los centros de votación”. Es más, hasta explicó cuál habría sido la estrategia para financiar la supuesta estrategia delictiva: “Se pagaron en parte en efectivo en los distintos centros como se evidencia en los volantes y en parte con programas de gobierno de Petro”.
En una de las pretensiones del demandante no solo se pide que se anule la elección de los citados personajes, sino que también se solicita que Rodolfo Hernández sea designado como presidente y Marelen Castillo como presidenta. Sin embargo, el alto tribunal negó todos los recursos y fijó el mencionado lapso de tiempo para corregir la demanda.
“Que como consecuencia de lo anterior, el cargo de presidente de la República 2022-2026 y Vicepresidencia de la República 2022-2026, deberá ser declarado suspendido según se solicita”, reza un aparte del texto.
Así lo estableció el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, quien le exigió a Di Sierra que, si quiere que se admita su denuncia, debe corregir varios aspectos de la misma como el formato, el fondo y demás. Luego de los tres días, y si se cumple con los requisitos, se determinará si el proceso es admitido para evaluación o, por el contrario, es rechazado.
En las aclaraciones que el togado le pidió al demandante se solicita que explique en cuáles zonas del país se habrían comprado los sufragios que este denuncia. Esto, porque Di Sierra dijo que habían tarjetones idénticos a los originales que, supuestamente, buscaban beneficiar a Petro y Márquez. “Tenían otros volantes similares con dispositivos de programación electoral para evadir los controles en caso de ser descubiertos”, dijo el sujeto.
Y no fueron sus únicos argumentos. El hombre que no quiere que la izquierda llegue al poder también aseguró que habría existido una supuesta manipulación de los sistemas informáticos de la Registraduría para, presuntamente, favorecer a la fórmula del Pacto Histórico. “En caso de considerar la configuración de los dos tipos de causales – subjetivas y objetivas- la parte actora deberá radicar un nuevo escrito de demanda sustentando un tipo de causal con destino a este proceso y otro con destino a la Secretaría de la Sección Quinta, reparto en el que se estudiará la causal restante”, dice el hombre en la demanda.
Inclusive, asegura que se habría permitido que “los muertos votaran” y todo con el aparente objetivo de que Gustavo Petro y Francia Márquez sucedieran en el poder a Iván Duque y Marta Lucía Ramírez.
Luego de estos argumentos, la Sección Quinta del Consejo de Estado dio a conocer que no admitían la acción y argumentó, con motivos de peso, la razón.
“Si bien la parte actora hizo una relación de los hechos del caso, de su lectura no es posible deducir con claridad el fundamento fáctico de su demanda, pasó por alto invocar las normas que considera infringidas y desarrollar el concepto de la violación con los requerimientos especiales en el contexto del proceso electoral”, señala el auto del tribunal.
Por ahora, Petro y Márquez no se han referido al respecto, mientras que el demandante ya fue notificado de lo que debe hacer.
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