‘Silencio oficial’: el informe que le entregó Temblores ONG a la Comisión de la Verdad sobre el Esmad

La Comisión de la Verdad dio a conocer recientemente el Informe Final, que recolecta testimonios, documentos y relatos de más de 30.000 víctimas del conflicto armado en Colombia. Entre los archivos que tuvo en cuenta la entidad —nacida después del Acuerdo Final de Paz— está Silencio Oficial, el análisis de Temblores ONG definido como “un aturdido grito de justicia por los 20 años de creación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”.

La organización entregó el informe a la Comisión hace dos años, justo cuando se celebraban 20 años de la creación del Esmad en Colombia. Para Temblores ONG, era necesario “construir literaturas críticas que aporten a la reconstrucción de la memoria histórica sobre los crímenes que el Estado ha perpetrado a través de sus Escuadrones Móviles Antidisturbios”. La historia de la entidad perteneciente a la Policía Nacional está manchada de sangre pues “han acabado con la vida de indígenas, de estudiantes, y de campesinos”.

La ONG constató que entre 1999 —cuando se crea el Esmad— y 2019, los integrantes del escuadrón asesinaron al menos 34 personas. “En su gran mayoría, tenían algo en común: eran personas que se encontraban en las calles ejerciendo su derecho constitucional a la protesta social”, sentenció el informe. Sin embargo, la entidad reconoció que esa cifra podría ser mayor.

La impunidad, el subregistro y el ocultamiento son un factor denominador en estos hechos. Es como si hubiese un “pacto de silencio para ocultar las graves violaciones a los derechos humanos que el Estado ha cometido en nombre de la defensa del orden público, la propiedad privada y la seguridad nacional”. A partir de allí nace el informe, ante la necesidad de gritar lo que históricamente no se contó.

En la investigación realizada por Temblores ONG concluyeron que la historia del Esmad ha estado marcada por la militarización de la vida civil y la criminalización de la protesta social, vinculado con el conflicto armado en Colombia que duró más de 50 años. “Irónicamente, tras los acuerdos de la Habana, esta institución sigue firme y dando garrote como un triste remanente de una sociedad ya acostumbrada a las lógicas de la violencia”, sentenció el informe.

La organización recordó en el informe cuál es el marco legal en el que debería actual el Esmad. De por sí, el fundamento de su existencia está en el artículo 218 de la Constitución Política, en la que se establece su finalidad: “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

En la normativa existe un apartado en el que se especifica que deben proteger “por igual los derechos fundamentales de las personas que ejercen el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. Para quienes no cumplen con la promesa de protestar sin violencia, deben establecer actividades que permitan una “acertada intervención”. A pesar de lo que reza la ley, Temblores ONG puso en duda que esto se cumpla e invitó a quienes lean el informe a reflexionar sobre el actuar del Esmad.

La entidad recordó las denuncias de lesiones a los manifestantes, las detenciones arbitrarias, el incorrecto manejo de las armas menos letales y las letales, el uso de los medios de manera inmediata e indiscriminada y “lo más grave de todo, los casos de presuntas desapariciones y homicidios”. Los rostros de las víctimas del Paro Nacional de 2019 y 2021 aún son recordadas por la ONG y por el país, como lo fue Dilan Cruz.

“El joven estudiante que, indefectiblemente, quedó incrustado en la memoria del paro y en el dolor colectivo de los manifestantes”, expresó Temblores. Cruz falleció el 25 de noviembre de 2019 en el Hospital San Ignacio y Medicina Legal confirmó que murió a cauda de un arma que usan los integrantes del escuadrón. “Su asesinato es el número 34 que nuestra organización pudo registrar por parte del Esmad”, agregó.

Teniendo en cuenta eso, Temblores ONG consideró que no se fundamenta la existencia del Esmad al mirar los datos históricos, que mostrarían a un “agente de ignición del desorden público y la violencia en las calles”, estando lejos de cumplir con su misión inicial.

— Representa un peligro para la integridad de los manifestantes y se percibe como un agente violador sistemático de los Derechos Humanos.

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