La mayoría de los reclusos murieron en el baño y otros detalles sobre la tragedia en la cárcel de Tuluá

En la madrugada de este martes, 28 de junio, se registró un motín en la cárcel municipal de Tuluá que terminó con un fuerte incendió que se propago rápidamente dejando no solo daños materiales sino varios reclusos afectados. Según las autoridades, 52 personas murieron y 30 resultaron heridas.

Tras lo ocurrido algunas instituciones anunciaron que comenzarían las investigaciones correspondientes, entre esos órganos se encuentra la Procuraduría General de la Nación que señaló este 29 de junio algunos hallazgos. Es importante aclarar que la recolección de pruebas y testimonios continúa.

Según señaló Javier Sarmiento, procurador delegado para derechos humanos, aún no se ha establecido el nombre de quiénes iniciaron el motín o si algún funcionario del Inpec incumplió alguna norma; pero ya se pudo determinar de que forma murieron las 52 personas afectadas. Tras el incendió algunos de los presos trataron de huir a las zonas más alejadas del patio, pero no pudieron evadir las llamas.

En su intervención en Blu Radio Sarmiento agregó que, en cuanto a la recolección de las pruebas se le esta haciendo seguimiento a los videos, los documentos y las personas que se encontraban en turno cuando se desató el motín y posteriormente el incendió que no pudo ser controlado a tiempo.

“Iniciamos la práctica de pruebas, como recolección de testimonios de los guardianes. Se recolectaron videos del circuito cerrado de televisión, algunos documentos administrativos, como quiénes estaban de turno y minutas e informes preliminares. Se continúa con el testimonio de las personas privadas de la libertad”, puntualizó Javier Sarmiento.

Recordemos que en las primeras declaraciones el director del Inpec, Tito Castellanos, se dio ha conocer que el establecimiento no contaba con un sistema que permitiera controlar el incendio: “Esta cárcel no contaba con sistemas antincendios, lo que manejamos nosotros inicialmente son los extintores portátiles que estaban a cargo de la guardia y fueron utilizados totalmente”.

Tras esto, un testigo habló en medios de comunicación colombianos y declaró que gran parte de las muertes se dieron por la falta de atención oportuna a la tragedia por parte de los funcionarios del Inpec: “Ellos pedían auxilio, se quemaban vivos, nadie abría la puerta. Fue negligencia, los dejaron quemar vivos”, contó el testigo.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo reveló que en el mes de abril había lanzado algunas alertas y problemáticas al interior del reclusorio.

“En el mes de abril, hicimos la más reciente verificación de derechos al interior del establecimiento y se constataron graves condiciones en la prestación del servicio de alimentación y falta de suministro médico a las personas privadas de la libertad”, dijo el defensor Carlos Camargo de acuerdo con un comunicado de la entidad.

En el mismo comunicado, el defensor del Pueblo advirtió que, “a través de la Regional Valle participamos en el Puesto de Mando Unificado que se realiza en el municipio y adelantaremos una jornada de diálogo con los líderes de cada patio del establecimiento carcelario. Desde la entidad hemos adelantado labores de verificación de Derechos Humanos, deshacinamiento y brigadas jurídicas en el establecimiento carcelario de Tuluá”.

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