Uno de los puntos que generó más polémica durante la contienda electoral fue la reforma tributaria, obviamente con el triunfo de Gustavo Petro se infundieron los temores de ciertos sectores, que supuestamente se verían más afectados con el cambio de la normativa. Aunque aún no se tiene un escrito oficial, lo que es seguro, es que este año se expedirá la reglamentación, en palabras del presidente electo, todas “las reformas se hacen el primer año o no se hacen”.
A partir del 7 de agosto, cuando Petro asuma la presidencia de Colombia, muchas cosas van a cambiar, una de esas serán los impuestos, la dichosa reforma tributaria con la que se financiará el país en general, la cual pretende recaudar unos 50 billones de pesos, es una de las labores que más expectativa se tiene con el nuevo presidente; poco a poco se han ido revelando detalles, de lo que se supone, contendrá la nueva legislación. Puntualmente son 5 puntos, inicialmente los que se afectarían.
El asesor económico del Pacto Histórico, Ricardo Bonilla, explicó que el primer punto es el Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA, que no se cambiará o reducirá, ya que se pretende buscar los recursos con otros mecanismos, por ejemplo, el impuesto de renta.
Esto último es el segundo punto, uno de los que más incomodidad genera, pues no se tiene un panorama claro de cuantas personas son a las que se van a afectar. Retomando lo dicho en campaña, Gustavo Petro dijo:
“¿Dónde va a recaer el impuesto? No lo vamos a hacer para los asalariados, no lo vamos a hacer sobre los que comen y las que comen, es decir, sobre la población, sino sobre las cuatro mil más grandes fortunas de Colombia, y sobre esas cuatro mil personas más ricas, no sobre sus empresas productivas, sino sobre sus activos improductivos: dividendos, transferencias al extranjero, paraísos fiscales”.
Esos 4 colombianos salieron a partir de un cálculo de una comisión canadiense, que encontró como el 1 % de los ciudadanos de mayores ingresos, pagan tarifas muy bajas en materia tributaria. En diálogo con El Tiempo, Bonilla dijo que realmente son 4 millones de personas naturales las que declaran renta; pero, 400 mil son los más adinerados, de esos 40 mil tienen considerablemente muchos más recursos, pero, cercando aún más las cifras, 4 mil son los que tienen más dinero, pero pagan menos.
Pues para delimitar de mejor manera, el nuevo gobierno nacional espera que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, sean los que encuentren y le cobren a esos colombianos más adinerados:
“identificar qué es lo que hay de 1% de declarantes de altos ingresos del país, qué tantos activos son realmente de personas naturales, de personas jurídicas y si los ingresos que declaran en las empresas los están identificando como ingresos de los accionistas, de ejecutivos o si los ponen como descuento en la empresa y no le aparecen como ingresos a las personas, la Dian tiene que hacer esa tarea”.
Esta labor, afectará directamente a varios grupos, como los pensionados, en este aspecto Bonilla fue muy claro, las personas que reciben más de 10 millones de pesos al mes serán las que tendrán que pagar impuestos; el asesor le dijo a DataIFX que eso se traduce en 25 mil colombianos más que tributarán, esto, aún no se ha fijado.
“Solamente las pensiones altas. En Colombia hay aproximadamente 25.000 personas que tengan pensiones de más de diez salarios mínimos, estas son las que entrarían dentro de la línea de un pago de impuestos. Las pensiones de abajo no, es importante que eso quede claro”.
Estos temas se están tratando concretamente con todos los sectores políticos, supuestamente, para eso es el ‘Acuerdo Nacional’, donde el gobierno busca que todos los grupos puedan aportar a construir la reforma tributaria, con el fin de evitar otro estallido social.
A partir de los diálogos y acercamientos, el ‘Acuerdo Nacional’ pretende presentar una reforma estructural y sólida, para que no tenga que redactarse “una nueva cada dos años”, ahí en entra el “circo de la política”, o lo que denominan ‘lobby’ que Bonilla manifestó que lo único que hacen es retrasar la redacción y buscar beneficios personales.
“Eso se quiere reformar, porque siempre hay un congresista disponible para el ‘lobby’ y hay que depurar esas prácticas del Legislativo, los congresistas no tienen por qué responderles a los que financiaron sus campañas”, dijo Bonilla en El Tiempo.