Polémica por integrantes del actual gobierno y líderes religiosos que tendrían esquema de seguridad de por vida

Dentro de los últimos mandatos y decretos que emitirá el presidente Iván Duque, hace unos días dejó en firme uno que modifica las condiciones del acceso y consideración para personas que se pueden acoger a los programas de prevención y protección, donde ordena que dirigentes o activistas de grupos políticos, de derechos humanos, víctimas sociales, cívicas, campesinos, activistas sindicales, miembros de organizaciones gremiales, de grupos étnicos, entre muchos otros tendrán, permanentemente, esquemas de seguridad.

Esta medida la toman casi todos los mandatarios salientes, pero, lo particular del Decreto 1064 de 2022, es que quedarán cobijados nuevas personas, justificando sus funciones públicas, además, se le asignan estos esquemas de forma permanente; solamente 4 años después se les evaluará si aún están en condición, o no de seguir bajo las medidas de protección estatal.

Precisamente, la medida modifica el mismo decreto, pero del año 2015, donde la reevaluación del estado para determinar si la persona requiere o no esquema de seguridad es de un año, quedó que se revise cada 4, con la salvedad que se presente una situación extraordinaria lo que permitiría aumentar dicho plazo, esto para ex presidentes y ex vicepresidentes.

Otra de las particularidades del decreto es el parágrafo 1: “La protección de las personas mencionadas en los numerales 1 a 10, 12, 14 a 16, y 18 a 19 será asumida por la Unidad Nacional de Protección”, lo que es usual y donde destacan dirigentes o activistas de grupos políticos; y directivos y miembros de organizaciones políticas, declaradas en oposición; representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos; activistas sindicales; gremiales; miembros de grupos étnicos; testigos de casos de violación de derechos humanos; periodistas y comunicadores sociales; entre otros.

Otros grupos serán custodiados por la Policía Nacional, por ejemplo:

Como no puede faltar, el numeral 11 cobija a ex servidores miembros del Consejo Nacional de Seguridad, el Decreto 1064 de 2022, delimita específicamente, que son los que estén dentro del Decreto 1033, emitido el pasado 18 de junio. En este grupo está: el presidente de la República, Iván Duque Márquez; el ministro del interior, Daniel Palacios; el ministro de defensa, Diego Molano; el director del departamento administrativo de la presidencia, Víctor Manuel Muñoz; la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa; el director nacional de inteligencia, Rodolfo Enrique Amaya; el comandante de las fuerzas militares, Luis Fernando Navarro; el director general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas y el consejero presidencial para la seguridad nacional, Rafael Guarín.

Llama la atención que dentro de la lista no se contemple a la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, aunque ella ya está cobijada con la protección por 4 años.

Hay otros dos grupos nuevos, que son los “Ex servidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad la firma de la extradición, como mecanismo de cooperación judicial internacional”, que al igual que el anterior grupo listado, tendrán la protección directamente con la Policía Nacional y el último añadido: “Líderes religiosos, debidamente certificados por la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior”, a estos la seguridad será asumida por la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Como se reseñó anteriormente, el decreto concluye que la medida:

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