El padre Francisco de Roux trató de resumir en dos pronunciamientos durante el evento de entrega el informe final el extenso documento de miles de páginas, distribuido en 10 tomos, en el que se presentan los hallazgos de más de tres años de trabajo sobre el conflicto armado.
“Ojalá Colombia toda escuchara las miles de víctimas que fueron secuestradas por las FARC, el ELN, las demás guerrillas y los paramilitares. Ojalá prestara atención los relatos de la degradación humana de las mujeres despojaban de todo derecho, y arrebatadas de la privacidad. La voz de las familias de los diputados del Valle abaleados después de 5 años de selva”, sostuvo el presidente de la Comisión.
Sostuvo que sería necesario que los interesados hubieran estado en Bojayá, Barrancabermeja, Machuca, Punta del Este para comprender “el terror de los sobrevivientes en los territorios de las grandes masacres de paramilitares y guerrilla”.
De Roux se refirió extensamente frente al crimen de las ejecuciones ilegítimas presentadas como bajas en combate que han sido conocidas como los falsos positivos, en el cual la Jurisdicción Especial para la Paz ha establecido que podría comprender más de 6.402 víctimas.
“No había una ley u ordenamiento escrito que lo mandara, pero el sentir de los soldados que disparaban era estar haciendo lo que la institución quería, por los incentivos y presiones que demandaban resultados de cadáveres, la publicidad a «los dados de baja», la protección a los perpetradores”, señaló el comisionado.
Para de Roux, ese fenómeno que fue uno de los crímenes cometidos por agentes del Estado, se habría podido detener. “Pero se trataba de un comportamiento corporativo persistente, como se evidenció cuando los falsos positivos cedieron de una, el día en que el presidente y el ministro sacaron de la institución a 26 militares, tres de ellos generales, y a otros diez oficiales meses después”, sostuvo.
El presidente de la Comisión señaló que hubo participación de militares de alto rango del Ejército y mandos medios, funcionarios del Estado, que violaron la ley para que se cometieran esos delitos en el país y “este daño moral a la nación vulnera la legitimidad social de toda la fuerza pública”.
Otros de los hallazgos que encontró la Comisión en su informe final y que resaltó el presidente de Roux fue la cifra de más de treinta mil los niños y niñas vinculados a la lucha armada cuando tenían quince años o menos. “La Comisión ha escuchado el testimonio de esta niñez que hoy son jóvenes o adultos. Ha acompañado a las mamás de Argelia, en Antioquia, que reclaman a las FARC-EP la forma como llegaban a sus casas a llevarse a los menores. Excombatientes guerrilleros y paramilitares lo han reconocido ante la Comisión”, señaló durante el evento.
En el informe que se irá conociendo en los próximos meses los demás capítulos a parte de los dos revelados este martes 28 de junio, correspondientes a Hallazgos y el volumen Testimonial, se busca responder a las preguntas de quiénes, cómo y por qué ocurrieron los hechos del conflicto.
“Todo ocurrió en un entramado de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico. Donde las responsabilidades son distintas para quienes ejercían el poder del Estado y lo defendían, debiendo respetar las leyes y para quienes se levantaron en armas y negaron la legitimidad del Estado”, sostuvo de Roux.
Otro de los hallazgos alcanzados reitera que el periodo máximo de violencia se presentó entre 1995 y 2006 cuando se produjo el 75% de las víctimas de medio siglo, y donde la inmensa mayoría de las víctimas fueron sociedad civil no combatiente.
“Hicimos una narrativa seria que no pretende ser la historia de Colombia sino la entrada a una conversación sin miedo sobre la nación que somos y el Estado que hemos venido construyendo desde nuestra profundidad humana y política”, concluyó el presidente de Roux.
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