Informe final de la Comisión de la Verdad recomienda reformar la elección del fiscal y limitar la extradición

En su Informe final, presentado este miércoles en el teatro Jorge Eliecer Gaitán, la Comisión de la Verdad hace dos importantes recomendaciones claves al país con el fin de superar la impunidad judicial en materia de violación de los Derechos Humanos: reformar la elección del fiscal y limitar la extradición para priorizar las investigaciones en Colombia.

En el borrador del capítulo de recomendaciones, la entidad afirma que la Justicia ha tenido obstáculos provenientes tanto de actores ilegales como de agentes del Estado y los entramados de corrupción. Además, recalca que el tribunal de la JEP “solo tiene competencia por hechos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, y se enfrenta al obstáculo de carecer de facultades para investigar y sancionar a actores no combatientes (terceros civiles) que no se sometan a su jurisdicción de manera voluntaria”, razón por la cual la investigación de agentes no combatientes en el conflicto se ha visto obstaculizada por la inoperancia de la justicia ordinaria.

Por eso, hace cuatro recomendaciones en materia de justicia que “buscan mejorar la administración de justicia como garantía para las víctimas y como contribución al esclarecimiento y desmantelamiento de los fenómenos criminales”:

Actualmente, el presidente de la República presenta una lista de candidatos para que la Corte Suprema de Justicia escoja al fiscal. La Comisión de la Verdad recomienda cambiar este mecanismo para garantizar la independencia de dicho cargo. Si bien no se especifica cómo debería ser escogido, sí se resalta que se haga “sobre la base de los criterios de mérito y reconocimiento de la trayectoria profesional, igualdad de género, publicidad y transparencia”.

También recomienda la creación de una comisión que revise los riesgos de cooptación de funcionarios y la corrupción al interior de la Fiscalía. Adicionalmente, recomienda crear medidas para que los aforados que presuntamente se hayan visto beneficiados o que hayan participado en violaciones a los derechos humanos sean debidamente investigados.

Asimismo, se recomienda limitar la Justicia Penal Militar, permitiendo que los delitos cometidos por la fuerza pública sean investigados por la Fiscalía, a excepción de los “típicamente militares”.

Para la Comisión de la Verdad es clave investigar a no combatientes que sean responsables de violaciones contra los derechos humanos, es decir, civiles y agentes estatales. Para ello, propone identificar las prácticas y los patrones con el fin de las entidades judiciales no se enfoquen en casos aislados, sino más bien en “esclarecer el fenómeno criminal y contribuir a su desmantelamiento”.

“La falta de investigación de la participación de este tipo de actores impide esclarecer los entramados de criminalidad que causan y se benefician de las violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH y la corrupción. Adicionalmente, para poder investigar dicho tipo de criminalidad se requiere contar con órganos independientes que implementen metodologías de investigación dirigidas a develar la sistematicidad y los patrones criminales”, se lee en el informe final

Este órgano debería apoyar el trabajo de la Fiscalía “particularmente el de la Unidad Especial de Investigación, creada por el Acuerdo Final de Paz para enfrentar la criminalidad organizada y responsable de la violencia contra líderes sociales y excombatientes”.

Además, se aconseja que sea una ‘comisión mixta’, con componente nacional e internacional, con el fin de “fortalecer la independencia de su labor, a la vez que sería una muestra de la corresponsabilidad internacional en la superación de la violencia que se genera por modalidades transnacionales de criminalidad organizada asociada a economías ilegales”.

Por otra parte, este organismo tendría la tarea de desarrollar un diagnóstico integral sobre riesgos institucionales en corrupción al interior de la Fiscalía, así como proponer medidas para evitarlos y para que la entidad sea más estricta en sus procesos de contratación y ascenso.

Con respecto a las solicitudes de extradición, la Comisión de la Verdad recomienda que se priorice la investigación en Colombia de personas procesadas por violación de los derechos humanos o por casos de corrupción a gran escala. “El propósito es garantizar que la persona procesada contribuya a satisfacer los derechos de las víctimas y a aportar verdad sobre la criminalidad organizada ante la justicia doméstica”, dice el documento.

El Congreso, el Gobierno nacional, la Rama Judicial y la Fiscalía deberían trabajar de la mano para realizar los ajustes normativos que prioricen la investigación de este tipo de Casos en Colombia, siempre y cuando las contribuciones estén encaminadas a garantizar los derechos de las víctimas.

SEGUIR LEYENDO: