Este martes 28 de junio, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia presentó el Informe Final, un documento hecho con los retazos de un país fragmentado por más de medio siglo de conflicto armado, en el que las voces de las víctimas, actores armados, miembros del Estado y de la sociedad civil se entretejieron para reconstruir un pasado que se busca superar.
El órgano que pertenece al Sistema Integral para la Paz, junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), le entregó al país el documento de casi 900 páginas de las manos de su presidente, el padre jesuita Francisco de Roux, en el que se contemplan una serie de recomendaciones para superar el conflicto interno y fomentar la reconciliación.
Ante este hecho histórico, el país político se pronunció desde diferentes orillas, dentro de las que se destacan voces que apoyaron la consolidación y presentación de este nutrido informe, sin embargo, también resaltaron las declaraciones como la del Centro Democrático, y algunos de sus miembros, quienes han sido fuertes contradictores a la labor que adelantaron los comisionados durante tres años en el país.
A través de una carta, el colectivo liderado por el expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que la Comisión no tenía legitimidad, debido a que su creación se había dado a instancias del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC, señaló que realizaría un estudio riguroso del informe, “analizando cada punto y hecho de forma hermenéutica”.
A su vez, indicó que luego de hacer este análisis, en el que se contrastarán varias fuentes, compartirían su punto de vista de forma “imparcial e informada”.
“Como partido respetamos y defendemos la Ley de Víctimas, por eso no consideramos apropiado que se establezcan verdades definitivas o dogmáticas sobre el conflicto y sus actores, ya que son múltiples las versiones sobre los hechos acaecidos en el marco del conflicto armado colombiano y estas deben ser ponderadas y puestas en juicio para llegar al esclarecimiento pleno de los hechos”, indicó por su parte el partido de Gobierno.
Asimismo, la colectividad de derecha señaló que a partir de la reconstrucción histórica de los hechos a través de las versiones de los diferentes actores era “posible llegar a una verdad interpretativa”, no obstante, señalaron que esta verdad podría ser “controversial y, por tanto, no se constituiría como un elemento pleno para determinar una verdad jurídica”.
Por su parte, la senadora de este partido María Fernanda Cabal arremetió contra el trabajo de la comisión, aseverando que había diseñado una estrategia para deshonrar, supuestamente, a la fuerza pública, al tiempo que señaló que con los $400 mil millones que se invirtieron en la entidad se habrían empleado en la reparación de las víctimas.
“Nos anuncian con bombos y platillos en descubrimiento de la investigación que durante cuatro años hizo la Comisión de la Verdad, o de la mentira, como la mayoría de estas comisiones que sirven, es de lavadero de los crímenes de estas guerrillas. Cuatro años que costaron $400 mil millones. Solamente está usted, señor Francisco de Roux, diseñando toda una estrategia para deshonrar a la fuerza pública y deshonrar el honor militar”, aseveró la congresista.
Ante estos duros señalamientos, se sumó la parlamentaria de esta colectividad, Margarita Restrepo, quien indicó que se evidenciaba un supuesto “sesgo ideológico de izquierda” en la entidad, que supuestamente atacaba la imagen de la fuerza pública y mostraba a los mayores responsables como “angelitos”.
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