Este martes 28 de junio, el Ministerio de Justicia de Colombia informó que el incendio que se registró al interior de la cárcel del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, el cual dejó un saldo de 51 personas privadas de la libertad muertas, y otras 24 más heridas, se habría producido por una riña entre reclusos.
Así lo confirmó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, durante una rueda de prensa en la que aseguró que la grave conflagración se produjo luego que un interno del patio ocho le prendiera fuego a una colchoneta dentro de su celda, lo que ocasionó una emergencia que intentó ser controlada por el personal de guardia, sin embargo, fue requerido el cuerpo de bomberos de la ciudad para su atención.
“Una vez ocurrido este lamentable hecho, desde la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se adoptaron todas las medidas para el traslado y atención de las personas heridas. Igualmente, quiero informar que se iniciaron todas las investigaciones para determinar los detalles de lo ocurrido y poder dar claridad sobre dicho acontecimiento”, indicó el jefe de cartera.
Asimismo, señaló que de las 24 personas heridas, seis se encuentran recluidas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Tuluá, y otros dos fueron trasladados a centros de salud de Cali, capital del Valle del Cauca, al tiempo que aseguró que el grupo social del Inpec, integrado por psicólogos y trabajadores sociales, está atendiendo y acompañando a los familiares de las víctimas.
De igual forma, el ministro aclaró que la cárcel de Tuluá registra un hacinamiento del 17 %, información que fue confirmada por el director del Inpec, general Tito Castellanos, quien explicó que en el pabellón en el que se registró esta conflagración habían recluidas 180 personas de las 1.200 que se encuentran en este centro carcelario.
“Recordemos que lo que ha dicho la Corte Constitucional es que se puede tolerar hasta un 20 %, sin embargo, lo ideal sería que en el país no hubiese hacinamiento. Por eso hacemos un llamado a los alcaldes y gobernadores para que empiecen centros de reclusión transitoria, como lo dice la Ley 65 de 1993 y el Plan Nacional de Desarrollo”, explicó el ministro Ruiz.
De igual forma, señaló que actualmente se registra un hacinamiento en el país del 20,3 %, y se busca seguir reduciendo esa cifra con la entrega de tres centros de construcción de estructura rígida en Sabanas de San Ángel, el centro de reclusión en Riohacha y el Pilamo en Risaralda, sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha realizado varios llamados en los que ha solicitado la atención de este flagelo que afecta la calidad de vida y los derechos de miles de reclusos en el país.
“En este momento hay dos funcionarios del Inpec que han sufrido lesiones leves. No podemos olvidar que la gran mayoría de fallecidos y los lesionados fueron consecuencia de la inhalación del humo que se presentó por la conflagración”, concluyó el ministro Ruiz.
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