Todo comenzó con una riña en la noche del 27 de junio, cuando los reclusos del pabellón 8 de la cárcel de Tuluá se atacaron los unos a los otros con cepillos de dientes que usaron como puñales. Los guardias intentaron controlar la situación, pero los reclusos ya estaban desatados.
En la madrugada del 28 de junio, tomaron lo que se encontraron y lo incendieron. Las colchonetas envueltas en llamas produjeron que el fuego se propagara. Algunos aprovecharon para emprender la fuga, otros no tuvieron tanta suerte y quedaron atrapados. Fallecieron más de cincuenta personas a causa de la inhalación.
El pabellón, de unos 60 años, albergaba a cerca de 160 sindicados y condenados a nivel medio de seguridad. El sitio no contaba con sistema anti incendio. Según el director del Inpec, el brigadier general Tito Yesid Castellanos, un número apróximado de 1.267 personas se encuentran en la cárcel de Tuluá, un 17% más de lo que permite el penal. Hay sobrepoblación y condiciones sanitarias reducidas al mínimo.
Con la ayuda de los bomberos, los oficiales contuvieron el incendio y los afectados, los que sobrevivieron, fueron conducidos al hospital más cercano en Tuluá.
El CTI de la Fiscalía, que está a cargo de la identificación de las víctimas y lo ocurrido en el penal. Posteriormente, la entidad dará a conocer el listado correspondiente. “Los heridos se encuentran en las clínicas y estamos esperando que los médicos terminen sus procedimientos quirúrgicos y realizar nosotros su plena identificación. Los que se encuentran sin novedad fueron socializados inicialmente a los familiares y estamos en reconteo todavía de otros privados de la libertad porque estamos realizando la identificación decadactilar”, expresó el director del Inpec.
Desde muy temprano, los familiares de los reclusos afectados llegaron a la zona. El sitio, acordonado por la Policía, los recibió con la noticia de que ya varios de sus allegados habían fallecido. Asimismo, entregaron los nombres de quienes salieron ilesos e indicaron que los únicos heridos pertenecían al pabellón 8, además de algunos funcionarios del Inpec que salieron lesionados.
“Es importante tener un poco de prudencia y paciencia porque ellos tienen que verificar exactamente qué es lo que está pasando, pero estamos trabajando ágilmente de la mano de nuestra Fiscalía, de la Policía Nacional, del Ejército y de Bomberos, para que los nombres salgan prontamente”, dijo Castellanos sobre el listado de los fallecidos que aún no se entrega totalmente, pues va actualizándose con el paso de las horas.
Al respecto, el personero de Tuluá, José Martín Hincapié, indicó que el Inpec no les había permitido ingresar al penal, pero lograron confirmar que todos los heridos fueron evacuados y trasladados a centros asistenciales de Tomás Uribe, San Francisco y la clínica María Ángel.
La Procuraduría también se refirió a lo ocurrido y nombró una comisión especial para atender la situación. “La Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales actuarán de manera conjunta con Regional Valle y Provincial Buga”. Solicitaron, asimismo, la pronta acción de los servicios de salud del municipio.
Por su parte, la Fiscalía señaló que “un equipo de 25 personas, conformado por fiscales especializados, investigadores y técnicos en criminalística de CTI, y peritos forenses de Medicina Legal, asumió investigación por hechos ocurridos en cárcel de Tuluá, en los que resultaron varias personas muertas y otras heridas”.
El presidente electo, Gustavo Petro, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter, lamentando lo ocurrido y expresó que la cárcel en Colombia ha sido vista como un espacio de venganza y no de rehabilitación. “obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso”.
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