Superindustria sancionó al cartel en las subastas adelantadas por Central de Inversiones (CISA)

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad única de competencia, sancionó a Transportes Especiales F.S.G. S.A.S. (FSG), HDL Logística S.A.S. (HDL), Jairo Alfonso Acuña Beltrán, Gabriel Roberto Cetina Castro y Yenny Johan Pérez López. La entidad demostró que, al menos, hasta el 2018, conformaron un cartel para defraudar la libre competencia en varios procesos de subastas públicas adelantadas por la sociedad de economía mixta Central de Invesiones S.A. (CISA), y cuyo propósito consistía en la venta de diferentes bienes de propiedad de entidades públicas.

Además, se sancionó a FSG por haber adelantado una conducta anticompetitiva a través de su representante legal, Fernando Suárez González, quien de manera ilegítima accedió a información privilegiada y confidencial de los procesos de subasta, obteniendo una ventaja competitiva sobre los demás proponentes.

También se impusieron multas a Luis Alejandro Mondragón Marroquín, Luz Marina Jiménez Martin y Gloria Inés Cano Rojas, personas naturales vinculadas directa o indirectamente con CISA. Al parecer, suministraron información reservada y confidencial sobre los procesos de subasta, colaborando y facilitando los acuerdos y conductas anticompetitivas. La Superintendencia sancionó a dos sujetos más vinculados a las empresas, por haber ejecutado las conductas anticompetitivas.

Sanciones impuestas por colusión en licitaciones públicas:

Empresas:

- Transportes Especiales F.S.G. S.A.S. - $1.312.240.116

- HDL Logística S.A.S. (HDL) - $97.518.264

- Jairo Alfonso Acuña Beltrán - $85.851.036

- Gabriel Roberto Cetina Castro - $77.452.152

- Yenny Johan Pérez López - $8.208.864

Facilitadores:

- Luis Alejandro Mondragón Marroquín - $2.660.280

- Luz Marina Jiménez Martin - $5.016.528

- Fernando Suárez González - $366.130.536

- José Hernán Bulla Luque - $65.670.912

- Gabriel Roberto Cetina Castro - $46.478.892

Sanciones impuestas por fingir la prohibición general de competencia:

Empresas:

- Transportes Especiales F.S.G. S.A.S.- $1.530.953.136

Facilitadores:

- Luis Alejandro Mondragón Marroquín - $4.560.480

- Luz Marina Jiménez Martin - $11.401.200

- Gloria Inés Cano Rojas - $11.401.200

- Fernando Suárez González - $183.065.268

Total: $3.808.608.864

La actuación administrativa inició debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio encontró información sobre la posible existencia de conductas anticompetitivas por personas que participaban en los procesos de contratación adelantados por CISA.

En virtud de lo anterior, la Delegatura para la Protección de la Competencia hizo una actuación preliminar que permitió concluir la existencia de elementos de juicio suficientes para sustentar la hipótesis de una presunta violación al régimen de libre competencia económica por diferentes empresas, en una serie de procesos de subasta de bienes muebles adelantados por CISA entre el 2016 y el 2018.

La Superindustria determinó que Transportes Especiales F.S.G. S.A.S. (FSG), HDL Logística S.A.S. (HDL), Jairo Alfonso Acuña Beltrán, Gabriel Roberto Cetina Castro y Yenny Johan Pérez López materializaron una serie de acuerdos anticompetitivos, con el fin de eliminar la presión competitiva en un número de procesos de subasta, garantizando así la adjudicación de los bienes al menor valor posible.

Estos acuerdos fueron posibles en la medida en que Fernando Suárez González, representante legal de Transportes Especiales FSG, quien obtuvo información privilegiada de funcionarios vinculados directa o indirectamente a CISA, lo que le permitió ponerse en contacto con sus competidores y coordinar su participación en los diferentes procesos de subasta. Así, se afectó no solo la libre competencia económica, sino también los principios de igualdad y de selección objetiva, propios de la contratación estatal, que buscan garantizar que las entidades contratantes obtengan el mejor valor posible.

Información privilegiada

Por otro lado, se encontró suficiente material probatorio que dio cuenta que Suárez González recibió información a la que no tuvieron acceso otros oferentes, de parte de algunos funcionarios vinculados directa o indirectamente a CISA. Dicho intercambio de información materializó una violación independiente a las normas de libre competencia, toda vez que significó una ventaja competitiva al generar una asimetría de información respecto a los demás proponentes, lo que le permitió tomar decisiones y estructurar su estrategia con mayor conocimiento del que tenían sus posibles competidores.

Finalmente, y de conformidad con la labor investigativa realizada por la Delegatura en la etapa de averiguación preliminar, así como de las pruebas practicadas durante la investigación administrativa, se advirtió que los procesos de selección en la modalidad de subasta adelantados por CISA se encuentran expuestos a un alto riesgo de colusión. La Superintendencia de Industria y Comercio alertó a la entidad, con el fin de que se preste mayor atención al comportamiento de sus funcionarios y los proponentes en sus procesos.

Dicha alerta responde a la obligación de esta entidad de promover la libre competencia en los diferentes mercados nacionales. Con ello, sugirió la implementación de programas de cumplimiento en materia de libre competencia que busquen prevenir, a futuro, la ocurrencia de estas prácticas, o ayuden a detectar tempranamente cualquier violación al régimen de libre competencia económica.

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