Los escándalos de Mauricio Lizcano, excongresista del equipo de empalme de Gustavo Petro

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles 22 de junio a los tres primeros asesores para llevar a cabo el proceso de empalme con el gabinete del mandatario saliente, Iván Duque. Entre esos nombres figura el de Mauricio Lizcano, expresidente del Senado de la República en la legislatura 2016-2017.

El político hizo parte del Congreso de Colombia durante 12 años y fue elegido por primera vez en 2006, mientras su padre, el también excongresista Óscar Tulio Lizcano, seguía secuestrado a manos de la extinta guerrilla de las FARC. Ambos se mantuvieron lejos del ojo público después de 2018.

Uno de los motivos para alejarse de la vida pública podría ser la extensa dedicación de Mauricio Lizcano a sus estudios de posgrado en el exterior, que concluyeron en 2021. La otra razón tendría que ver con las investigaciones que se acumularon en contra suya, que empezaron a minar su credibilidad como político. Una vez se venció su credencial de senador y la Corte Suprema de Justicia perdió competencia, algunas de esas pesquisas pasaron a manos de la Fiscalía General de la Nación.

Uno de ellos fue una mención del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno mientras rendía indagatoria. Eso bastó para que fuera investigado en el marco del escándalo del cartel de la toga —una serie de casos en los que se ofreció dinero a funcionarios de la Rama Judicial a cambio de fallos favorecedores—. Finalmente, la Fiscalía archivó su caso en 2021 al considerar que no había más pruebas para vincularlo a este caso.

Mauricio Lizcano también fue investigado por parapolítica: presuntamente había recibido dinero del Bloque Cacique Pipinta de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para financiar su campaña a la Cámara en 2006. El argumento era que había establecido un enlace con el paramilitarismo mientras dialogaba para conseguir la libertad de su padre, quien finalmente se fugó de las FARC en 2008. La Corte Suprema de Justicia archivó el caso en 2021.

Otra investigación tuvo que ver con la compra de unos predios —Sausaguá, Guamerú y Lote Sausaguá— rematados en Quinchía, en el departamento de Risaralda, ocurrida en 2012. La intención de él y su padre era construir una estación de gasolina en este punto, pero había un obstáculo que un colombiano promedio no podía superar.

El terreno estaba vinculado a un proceso de restitución de tierras porque pertenecía a los señores Juan Fernando Acosta Mesa y Blanca Ofelia Correa, esposos, víctimas de despojo y desaparición forzada en 1996, y posteriormente declarados muertos por esta causa. Sus familiares decidieron reclamar la tierra ante el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras.

Cuando hay tierras en disputa por restitución de tierras, el uso de ese terreno queda “congelado”. No obstante, la Procuraduría General de la Nación tuvo motivos para creer que los Lizcano obtuvieron permisos para construir la gasolinera de todos modos. Por eso les abrieron una investigación en julio de 2017, días antes de que Mauricio terminara su periodo como presidente del legislativo.

Una de las fundadoras del portal de noticias Cuestión Pública, la periodista Diana Lizcano, denunció en su tiempo que estaba adelantado una investigación sobre el tema de la gasolinera en terrenos disputados. Se supone que el resultado de su trabajo se publicaría en un nuevo programa dirigido por Guillermo Arturo Prieto (Pirry) para el Canal RCN.

Según la periodista, el programa fue cancelado porque Lizcano habría ejercido presión contra la Organización Ardila Lülle: Salinas dijo a la revista Semana, aunque no tenía pruebas, que fuentes confiables supieron de una llamada de Lizcano hacia la organización en la que les dijo “que no se les olvidara el favor del azúcar”; presuntamente pidió que le devolvieran el favor de no imponer impuestos a las bebidas azucaradas.

Este presunto caso de censura fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia, pero finalmente fue archivado en 2020; el canal justificó la cancelación del programa a un análisis de mercado desfavorable. De todos modos, ese caso motivó la renuncia de Pirry y Salinas a ese canal. La investigación fue publicada por la periodista en W Radio, en febrero de 2018.

En septiembre de 2020, un fallo del tribunal de Cali les reconoce su condición de víctimas a los familiares de los esposos, y los declara como los legítimos dueños de los tres predios. No obstante, los Lizcano habían usado la carta de “buena fe exenta de culpa”, es decir, compraron los terrenos sin saber que estaban en disputa. Por ello fueron indemnizados y los absolvieron del delito de despojo de tierras.

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