“Dinero bien habido terminó en una organización criminal”: Gonzalo Botero sobre su secuestro por las Farc

“¿Sabe qué es lo que más me atormenta día y noche? El saber que dinero bien habido, conseguido con el trabajo honesto de varias generaciones, sin hacerle daño a nadie, y generando empleo, haya ido a parar a las arcas de una organización criminal para ampliar su accionar absurdo e irracional”, señaló el excongresista y exalcalde de Magangué (Bolívar), Gonzalo Botero Maya sobre su secuestro por parte de la extinta guerrilla de las Farc.

Su testimonio fue otro de los que se escucharon en las audiencias que se están llevando a cabo en la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, donde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está procesando a los últimos integrantes del secretariado que tuvo el grupo subversivo antes de abandonar la lucha armada en 2016 dentro del macrocaso 001 por las retenciones ilegales y otros delitos en contra de la libertad personal.

El político fue secuestrado cuando se desempeñaba como mandatario municipal en 1991 y por su rescate exigían 4 millones de dólares, cifra que entregó su familia, pero que por años los tuvo pagando deudas con las que lograron financiar los recursos que terminaron en manos de los subversivos.

En su intervención, el otrora funcionario hizo hincapié en el dolor que provocaron a miles de personas en el país porque jugaron con su estabilidad emocional al mantener a sus allegados retenidos ilegalmente y con fines criminales.

“Jugaban con la paciencia la desesperación y la angustia de los seres queridos. ¡Cómo fueron de crueles ustedes bien lo saben! El solo pensar si volverían a ver con vida, situación que en muchos casos desafortunadamente no ocurrió, se convertía en un sufrimiento permanente y cruel. Quiero aprovechar en este momento de brindar mi solidaridad con todas esas familias de Colombia cuya víctima nunca más regresó al seno de su hogar. Para ellos mis sinceras y por siempre solidaridad”, añadió en su testimonio.

Pero, además, Botero recordó que luego de que por fin lo liberaran, los criminales de las Farc continuaron la persecución en su contra y acabaron con la vida de algunas de las personas que trabajaban en sus predios.

“Tiempo después de salir de mi secuestro señor Martín Caballero declaró a mi familia objetivo militar. A raíz de ello en una finca ubicada en el municipio de San Pedro, departamento de Sucre, en el corregimiento de Canutal, el Frente 35 asesinó a cuatro de nuestros trabajadores, todo porque el delito de estos hombres inocentes buenos, campesinos sanos, era que trabajaban para la familia Botero”, recordó.

El exalcalde de Magangué señaló que los excombatientes, como su antigua dirigencia, no pueden quedarse solo pidiendo excusas, sino que tienen que resarcir el daño que causaron.

“Si queremos que haya paz, hay que empezar a reparar a las víctimas. Pedir perdón a las personas que perdieron a su familiar no puede ser suficiente. Para familias que sufrieron al tener secuestrado a un ser querido, no puede ser suficiente, tiene que haber más”, insistió.

Por el momento, la JEP tiene acreditadas a 3.111 víctimas de este delito. Durante el proceso dentro de la entidad nacida del Acuerdo Final de Paz han entregado informes, presentado observaciones y tuvieron la oportunidad de participar en la determinación de la metodología de las audiencias aplazadas.

Allí están compareciendo Rodrigo Londoño Echeverry ‘Timochenko’, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, quienes fueron imputados en enero de 2021.

Este jueves 23 de junio se tiene programado que concluyan estas audiencias con las víctimas de los secuestros que perpetró la antigua guerrilla.

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