Corte Interamericana decidirá sobre caso de persecución y vigilancia estatal en contra de defensores de derechos humanos

El pasado 13 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó la audiencia pública del caso “Integrantes del CAJAR vs. Colombia”, en la que se evaluó el hostigamiento y persecución sostenida de la que fueron víctimas por más de 30 años los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

En medio del proceso, esta semana las partes presentaron sus alegatos finales en un caso que ofrece una oportunidad histórica a la Corte Interamericana para pronunciarse sobre las agresiones, seguimientos ilegales y el uso de tecnología en contra de defensores de derechos humanos por parte del Estado colombiano.

Durante las audiencias del caso Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia, la corte ha escuchado testimonios de seguimientos, amenazas e inteligencia ilegal, documentadas durante un período de casi 20 años, entre 1990 hasta el 2019, contra miembros del colectivo.

Este caso tiene una importancia fundamental para las organizaciones de derechos humanos, como es la International Service for Human Rights (ISHR), que a través de un comunicado expresó que:

Para la organización de derechos humanos que tiene oficinas en Ginebra (Suiza) y Nueva York (Estados Unidos), las modalidades de seguimiento a partir de la inteligencia ilegal y la inteligencia ofensiva por parte del Estado colombiano son:

• Mecanismos de vigilancia
• Seguimiento
• Robo de información
• Perfilamientos e interceptaciones.

Según lo expuesto por la ISHR, esta información fue utilizada por la inteligencia estatal para el desarrollo de amenazas a personas defensoras de derechos humanos y a sus familias para ejecutar atentados, discursos estigmatizantes, montajes judiciales y asesinatos.

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Durante la audiencia de presentación de los alegatos finales, los representes de las víctimas mencionaron los daños y las afectaciones diferenciales y de género que sufrieron las mujeres defensoras por su labor.

La abogada Soraya Gutiérrez, víctima en el proceso ha mencionado que esperan que: “La corte se pronuncie acerca de la violencia de género y los impactos, el miedo, las angustias y una ausencia de tranquilad en nuestra vidas y la de nuestra familias, lo cual afectó nuestro proyecto de vida”, aseguró.

Es de anotar que el pasado 25 de mayo la CIDH se pronunció sobre el aumento de violencia en Colombia en 2022. “Ante la elevada violencia, intimidación y criminalización de personas defensoras registrada durante los primeros cuatro meses del año se hace un llamado al Estado a garantizar un ambiente propicio y seguro para la defensa de los derechos humanos”.

El comunicado se refirió en especial a la situación expuesta por la Defensoría del Pueblo, entidad que afirmó que hasta marzo de 2022 se registraron 52 homicidios en el país.

El Cajar también ha señalado en varias oportunidades que a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, el Estado no ha implementado adecuadamente medidas de protección para prevenir los actos de hostigamiento en contra de los miembros del Colectivo de Abogados.

Una vez termine la audiencia de alegatos, será la corte quien decidirá sobre la responsabilidad y eventuales reparaciones por parte del Estado colombiano a las víctimas del caso. En esta decisión las partes han buscado la implementación de una política pública integral de garantía para las personas defensoras, incluida una campaña permanente para legitimar la defensa de los DD.HH.

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