“No siguen el debido proceso”: CIDH cuestiona la cancelación de cédulas de personas colombo-venezolanas

Pasados varios años del estallido de la crisis en Venezuela y el arribo de estos migrantes a territorio colombiano en busca de mejores oportunidades de vida, todavía se presentan diferentes obstáculos con algunas entidades del gobierno que impiden que estas personas accedan a un estilo de vida digno. Fuera de la estigmatización y la xenofobia que se impulsaron a raíz de estas migraciones, los problemas legales de nacionalidad también aquejan a aquellos que se encuentran dentro de Colombia, especialmente a quienes tienen derecho de denominarse colombo-venezolanos.

Miles de personas con derecho a ser nacionalizados colombianos han visto cómo sus cédulas han sido canceladas por la propia Registraduría Nacional del Estado Civil, quedándose sin el documento más importante para acceder a los mínimos servicios que garantizan una vida aceptable. La situación llegó a tal punto que dentro del marco del periodo de sesiones número 184, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia pública en la que se expuso la problemática, se evaluó las consecuencias y solicitó al Gobierno colombiano tomar cartas al respecto.

Según la norma constitucional, las personas que quieran nacionalizarse como colombianos deben tener una relación de consanguinidad o de adopción con otros individuos anteriormente nacionalizados. En dado caso estos hayan nacido en territorio extranjero, como sucede con miles de migrantes, deberán solicitar la acreditación de un nacimiento extemporáneo en el registro civil para posteriormente legalizar su nacionalidad, es aquí donde reside el problema para los colombo-venezolanos.

El registro exigido por la Registraduría necesita estar apostillado, sello que verifica y legaliza un documento para darle validez en otro país, y según la CIDH, el proceso para conseguir esta apostilla es bastante difícil de completar en Venezuela debido a sus altos costos de obtención y la obligatoriedad de recogerlo presencialmente en ese país.

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A raíz de este problema, existe una solución alterna dentro de la misma norma que declara que el proceso de nacionalidad y verificación de nacimiento se puede dar por medio de una solicitud por escrito y la presencia de dos testigos hábiles que puedan dar fe de este nacimiento. Aun así, la Registraduría estaría fallando en el debido proceso de estas inscripciones, procediendo a invalidar los registros de nacimiento y cancelar las cédulas de ciudadanía bajo la razón de falsa identidad, llegando a dejar nulos hasta 42.000 documentos de colombo-venezolanos por esta razón.

En meses pasados la Registraduría revocó varios procesos de cancelación de estos documentos, pero exigiéndole a la persona que obtenga el registro extemporáneo necesario en un plazo de dos meses, límite de tiempo que para la CIDH es poco teniendo en cuenta la dificultad de conseguir el previamente mencionado apostillado, además los estarían obligando a devolverse a Venezuela con el riesgo de que no puedan volver a cruzar de nuevo la frontera.

Las consecuencias de estas cancelaciones son graves para la vida de estos migrantes, ya que sin cédula no pueden acceder ni afiliarse a ningún servicio médico, postularse a proyectos de vivienda o incluso, recibir las propias ayudas humanitarias del gobierno. Finalmente, la CIDH expresó que las actuaciones de la Registraduría configuran una privación arbitraria de la nacionalidad y configuran una omisión clara al deber de prevenir, evitar y reducir a apatriedad del Estado.

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