La Procuraduría General de la Nación está haciendo presencia en las audiencias donde: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, antiguos miembros del secretariado de las FARC - EP, comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí, están reconociendo públicamente los casos de secuestro durante el conflicto armado.
Una de las entidades que interviene es la Procuraduría, quien delegó a Jairo Acosta Aristizábal, para solicitar que los exguerrilleros aporten, “realmente”, toda la verdad, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas. Los hechos que se están abordando en el Caso 01 de la JEP, seguirán en audiencia hasta mañana en el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá.
“Es posible llegar a acuerdos y consensos a pesar de tantas diferencias, la Jurisdicción Especial para la Paz se ha convertido en la convergencia de los sueños de los ciudadanos (...) El Ministerio Público reconoce el compromiso de los comparecientes y espera de ellos la continuidad de la confianza y voluntad respecto del sistema”, declaró el procurador delegado Jairo Acosta.
Según expuso el vocero del ministerio público, están haciendo presencia para representar a todas las víctimas, tanto las que están reconocidas o las que no, incluso, las que acudieron a las audiencias y las que no, por lo que buscan intervenir en favor de estas personas con el fin de aportar a la verdad.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz, 21.396 personas fueron secuestradas por las extintas FARC, a las cuales ordenaron privarlas de su libertad sin discriminar estratos sociales, lugar de procedencia, género, edad, a las cuales se les sometió a graves torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado; por lo que se determinó que esto constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad.
“El ministerio público exalta la importancia que sin lugar a dudas tiene que ustedes, señores del secretariado, hayan reconocido que los secuestros, con fines de intercambio humanitario o con finalidad política, sean crímenes internacionales de guerra y de lesa humanidad. Asumir responsabilidades, con respecto a prácticas que fueron legitimadas durante toda la historia del conflicto, justificadas como actos propios y válidos en un escenario de guerra, es necesario para romper esos paradigmas y construir la narrativa de la violencia. Es sin duda una muestra de que han diferenciado su acción del daño que han causaron a las víctimas y han comprendido el efecto lesivo que tuvieron, así como la racionalidad de la guerra en sí misma”, no obstante, el procurador delegado les pidió a los exguerrilleros aportar realmente toda la verdad.
En ese sentido, uno de los miembros del secretariado, Pastor Alape, concuerda con que la reparación debe ser integral, no solo para reparar el daño material, sino para reivindicar a todas las personas que se vieron afectadas:
“Las sanciones tienen que ser reparadoras y deben incluir reparar el tejido social que desbarató el conflicto. También deben reivindicar a las víctimas y tener acciones tangibles que transformen el territorio y alivien el corazón”.
Las audiencias que finalizarán mañana, le darán un plazo de 3 meses a la JEP para generar un informe ante el Tribunal para la Paz, donde se incluirán los testimonios recopilados y se definirá la sanción que tendrán los responsables de estos crímenes.
No obstante, se explica que para que los implicados puedan ser aceptados y se les permita acogerse en la jurisdicción, deberán reconocer “de manera satisfactoria” los hechos, además de aportar la verdad plena, exhaustiva y detallada de los casos reseñados. A partir de esto se les dictará la sentencia que podrá privarlos de la libertad, en una condena “más favorable”, en caso de que no se cumplan las condiciones, la JEP impondrá sanciones que van desde los 5 hasta los 20 años de cárcel.
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