Defensoría alerta sobre la crisis sanitaria en cárcel de Guaduas por falta de agua potable

Este martes 21 de junio, la Defensoría del Pueblo instó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) adoptar las medidas urgentes para superar la crisis sanitaria que se presenta en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario ‘La Esperanza’ ubicado en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, luego de que registra la suspensión total del servicio de agua potable.

La entidad señaló que desde el pasado 23 de mayo se presentaron algunos racionamientos en el suministro de agua en el centro carcelario, sin embargo, desde el 7 de junio se suspendió de manera total el servicio, generando una crisis sanitaria que afecta a más de 3.000 personas entre ciudadanos privados de la libertad, personal administrativo y de custodia, a causa de daños en el suministro.

“Hacemos un llamado a la USPEC para encontrar soluciones definitivas a esta problemática y evitar que se repitan vulneraciones en el acceso al derecho al agua por parte de las personas privadas de la libertad y los funcionarios”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

A su vez, la entidad evidenció que las personas privadas de la libertad están soportando malos olores y se encuentran en espacios sin la debida salubridad, producto de la carencia del servicio de agua, lo que aumenta el riesgo de enfermedades y genera alteraciones en su vida y bienestar de esta población que había denunciado a principio de año incidentes por mala calidad en los alimentos y presencia de gusanos.

En ese sentido, la entidad le dio instrucciones a la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y a la Defensoría Regional de Cundinamarca para que lleven a cabo el seguimiento de la problemática que se registra en este centro carcelario e instalen una mesa de trabajo junto a las entidades competentes para garantizar los derechos de la población privada de la libertad y de los trabajadores del centro carcelario.

“Es necesario que se aseguren las condiciones mínimas para la vida en reclusión, en este caso, mediante el acceso adecuado al derecho al agua en por lo menos, 30 litros diarios por persona, como lo exige la jurisprudencia constitucional”, concluyó el defensor Camargo.

El pasado marzo la Defensoría propuso reformar de manera integral el sistema penitenciario y carcelario. Para el organismo autónomo, el problema de hacinamiento en las estaciones de Policía representa un riesgo para los derechos de las personas privadas de la libertad.

Camargo expuso la propuesta en el foro ‘La crisis de hacinamiento carcelario: avances y retos para superación’, en el que asistieron autoridades del Ministerio de Justicia, la Policía nacional, el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

“La crisis carcelaria, sumada a los hechos acontecidos en días pasados, pone de relieve la necesidad de adelantar una reforma legislativa que reoriente el sistema carcelario y penitenciario”, explicó el defensor del Pueblo. Según Camargo, es importante devolverle a la sociedad la confianza en sus instituciones, “y que permita el cumplimiento de las finalidades de custodia y protección de los derechos humanos”, agrego.

SEGUIR LEYENDO: