Así recibe Gustavo Petro el país en materia de violencia y conflicto interno en las regiones con presencia de actores armados

Uno de los más grandes retos que tendrá el presidente electo, Gustavo Petro, es manejar la crisis de inseguridad y violencia que se vive no solo en las ciudades, sino en los territorios que hace menos de seis años eran ocupados por las extintas Farc. Luego de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y el ahora partido político, las zonas que eran ocupadas por esa guerrilla pasaron a disputarse entre otros actores, entre ellos los grupos residuales, el Eln, el Clan del Golfo y grupos de autodefensa, y en ese sentido uno de los principales desafíos es avanzar en la implementación de los acuerdos refrendados en 2016.

Concretamente, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- corren un alto riesgo, pues están ubicados en zonas que antes eran controladas por la antigua guerrilla. Ahora, en estos sitios avanzan planes de reincorporación para los excombatientes que decidieron acogerse al proceso en las 16 subregiones que abarcan 170 municipios; y pese al acompañamiento de la fuerza pública, el escalamiento de la violencia y el asesinato constante de personas en proceso de reincorporación han impedido una plena ejecución de las iniciativas hechas con estas personas.

Esto lleva a analizar otra situación vista durante el gobierno de Iván Duque: si bien hubo importantes capturas y bajas a miembros del Clan del Golfo y las disidencias de las extintas Farc, las intimidaciones y asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos no da tregua. De acuerdo con el observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-, en lo que va del año han muerto 90 líderes y lideresas comunales. Sumado a eso, en el primer semestre de este año agentes armados han acribillado a 21 firmantes.

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Las regiones más asediadas por el conflicto interno en los últimos cuatro años

Además de la reconciliación entre los sectores políticos existentes en el país, el mandatario entrante tendrá como tarea retomar los diálogos con el Eln; de hecho, esta fue una de las promesas de su campaña y, en complemento, tras conocerse su triunfo electoral y el de Francia Márquez -vicepresidenta electa-, el grupo armado expresó sus intenciones de volver a abrir la vía del diálogo para un futuro Acuerdo de Paz.

Las capturas y bajas de cabecillas de grupos armados ha generado un recrudecimiento de la violencia en los territorios. Sobre esto, el Comité Internacional de la Cruz Roja indicó en abril de 2021 que existen seis conflictos internos en Colombia y que están presentes en 20 de los 32 departamentos. Sumado a eso, la organización reportó que, como consecuencia de dicho escalamiento, se hayan producido el año pasado 52.880 casos de desplazamiento; incluso, la oenegé viene haciendo advertencias, desde el inicio del gobierno de Iván Duque, sobre la grave situación humanitaria.

En ese orden, Chocó, el Bajo Cauca Antioqueño, Nariño, Cauca, Arauca y Norte de Santander son solo algunos departamentos donde la disputa territorial entre agentes estatales e ilegales. En el informe anual elaborado por Human Rights Watch, tiene reportes de situaciones concretas de violencia registradas el año pasado, como los combates entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y una disidencia de las Farc que obligaron a que más de cuatro mil personas fueran desplazadas del municipio Ituango -Antioquia-.

Sumado a los reportes de las entidades no gubernamentales y organismos internacionales, Esteban Salazar, coordinador del área de Democracia y Gobernabilidad de la fundación Paz y Reconciliación, señaló en diálogo con Infobae Colombia que se puede hacer un balance sobre el conflicto actual en el país de dos maneras; una positiva y otra negativa.

Por el lado positivo, de acuerdo con el analista, “la gran mayoría de los exguerrilleros de las Farc han cumplido con el Acuerdo de Paz a pesar de las vicisitudes y barreras que se han impuesto desde la victoria del No en -en el plebiscito de 2016-, desde las talanqueras que se vieron en el Congreso de la República hasta 2018 y, por supuesto, el abandono de la agenda de paz del presidente Iván Duque”. Otro aspecto que Salazar resalta es el compromiso adquirido por quienes han ocupado las curules de paz en el legislativo y la voluntad de reinserción de los excombatientes que se acogieron al proceso.

Con respecto al análisis negativo, señala que el panorama desde 2018 no ha sido alentador tras la conformación de estructuras residuales y que están integradas, en su mayoría, por combatientes de las extintas Farc que no quisieron acogerse al acuerdo, pasando de estar presentes en 60 municipios a transitar en 180 de todo el país.

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Sobre esto, dijo que “este es un fracaso absoluto de la política de seguridad del presidente Iván Duque, que deja en materia de seguridad un fenómeno bastante complejo sobre el crecimiento de estas disidencias a nivel nacional”, enfatizando que aquellos grupos, comandados por alias Gentil Duarte, combaten en las zonas occidente y suroccidente del país, Caquetá, Guaviare, Guanía y Vichada. Asimismo, manifestó que otro desacierto fue la conformación de la Segunda Marquetalia comandada por Jesús Santrich e Iván Márquez, cuyo tránsito es, mayoritariamente, en zonas fronterizas con Venezuela.

Al respecto, analizó las apuestas de Petro, apuntando que dentro de ese escenario “ha planteado que, para aquellas organizaciones que hoy no están dentro del marco del Acuerdo de Paz, se deberá ejecutar una ruta de sometimiento colectivo; es decir que las disidencias no entran en la implementación del Acuerdo porque no cumplieron con las condiciones iniciales”.

Caso contrario es el del Eln y su determinación de retomar las negociaciones que se llevaban a cabo en Cuba “y que fueron abandonadas de manera unilateral por el gobierno Duque”.

Otro tema destacado dentro de las propuestas del mandatario electo es la lucha contra las drogas, a lo cual Salazar precisó que no solamente se debe manejar “con los espacios de disputa con las disidencias de las Farc y con otros actores criminales como el Eln e incluso el Clan del Golfo, sino que se deberá hacer una descriminalización de los cultivadores de hoja de coca, una prohibición de la aspersión aérea con glifosato y, a cambio, se propone un programa de sustitución de tierras y economía productiva” bajo el cual se promuevan condiciones dignas de acceso y productividad de la tierra a campesinos víctimas del conflicto interno.

Finalmente, el analista de Paz y Reconciliación señala del plan de gobierno de Petro la eliminación del concepto de enemigo interno y la desmilitarización de la vida social, complementando que “Petro seguramente tendrá dentro de su ministerio de Defensa y su política de seguridad, así como en las doctrinas del Ejército y la Policía, el hecho de que se debe prevalecer la autoridad civil sobre la militar y cambiar la doctrina de seguridad nacional por una de defensa nacional” a lo cual se debe incluir la desmilitarización de la Policía y la reubicación de esta institución dentro del ministerio del Interior.

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