Acción popular que busca frenar la minería en Santurbán fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander

El Consejo de Estado admitió el 4 de mayo una tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander por haber desestimado una acción ciudadana que pretendía detener un proyecto de megaminería en el Páramo de Santurbán. Por lo que haciéndole seguimiento a la decisión los defensores en Santander dieron a conocer que la decisión ya fue acogida y ahora la ciudadanía podrá debatir y defender sus pretensiones.

Recordemos que el fin de esta acción legal es que no se tramiten concesiones mineras ni licencias sobre el bosque alto andino y las fuentes hídricas del Páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander). Además de lograr hacer estudios para poder determinar el daño que le han hecho este tipo de concesiones al territorio durante años.

Lograr esto fue importante, ya que los demandantes habían interpuesto la tutela desde hace dos años, pero el Tribunal de Santander había rechazado la acción porque ya existían dos demandas al respecto. Aseguraron que revisaron las otras demandas “y no se parecían en nada a los hechos y pretensiones que alegamos”.

“Cuando hay una demanda sobre los mismos hechos, se aplica una figura llamada, agotamiento jurídico pero para que esa figura se aplique deben ser los mismos hechos y pretensiones y en este caso no se cumplen”, explicó el comité en entrevista con RCN Radio.

Al encontrar que las pretensiones no eran iguales, el Consejo de Estado accedió a revisar la petición. Y en la segunda petición relacionada a la delimitación del páramo de Santurbán y en mayo el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga admitió la tutela interpuesta por los habitantes de 40 de los municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander, a cuyos habitantes, según el abogado Antonio José Serrano Martínez, se les ha vulnerado su derecho de participación en este proceso.

Una de las empresas que más ha pretendido hacer proyectos mineros en el páramo es la multinacional canadiense Aris Gold, la cual le compró el 20 % del proyecto soto norte a la Sociedad Minera de Santander, Minesa, que también es propietaria de una mina en Marmato, municipio del departamento de Caldas.

Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, encontraron que las pretensiones de dichas compañías es explotar oro, plata y cobre, para eso realizarían una intervención en 167 hectáreas del parque, esto contemplado en el contrato de concesión 095 - 68. Este mismo, que tendría una vigencia de casi 30 años, tras el abandono y cierre de la mina sería rellenado con una especie de concreto, lo que significaría la pérdida total de la flora y la fauna de la zona intervenida.

De hecho, la firma Aris Gold al momento de adquirir parte del proyecto Soto Norte, expuso en un comunicado la intención de la explotación, además de pretender adquirir hasta el 50 % del proyecto:

“El proyecto de oro de Soto Norte es uno de los proyectos en etapa de factibilidad más grandes del mundo con reservas minerales importantes y bajos costos operativos (...) Adquirir participaciones en depósitos a gran escala con bajo riesgo técnico es el movimiento correcto para Aris Gold. Así es como se construyen las empresas mineras de oro exitosas”.

En la revista Encuentros de INDEPAZ explicaron los alcances que pueden tener estas intervenciones:

“En total, la compañía identificó 32 tipos de impactos en las tres dimensiones (abiótica, biótica y socioeconómica), de los cuales 26, es decir, el 81% son negativos. Es decir, se trata de ejecutar un proyecto minero que deja más impactos negativos que positivos, sin mencionar que algunos de los negativos son irreversibles y a perpetuidad”, se lee en la investigación.

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