Para este martes se tiene programado que inicien las audiencias del macrocaso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en las que los que fueron los jefes subversivos de la extinta guerrilla de las Farc tendrán que responder por los delitos de secuestro, retenciones ilegales y otros delitos en contra de la libertad personal que perpetraron durante el desarrollo del conflicto en Colombia.
Esta comparecencia ha generado todo tipo de controversias, desde una tutela que instauraron personas que señalaron ser víctimas de esa practica criminal, hasta llamados de atención de la Procuraduría al no ser invitados a los talleres que realizaron con estas personas.
La cita era para inicios de este mes, pero debido a la campaña electoral presidencial y amenazas a la vida de algunos de los asistentes, el tribunal de Paz los aplazó para el 21, 22 y 23 de junio.
Según informó el tribunal de paz, la decisión se tomó frente a una posible amenaza o riesgo de vida de los comparecientes. La información fue compartida por algunos excombatientes de las Farc el pasado 31 de mayo. “La Sala de Reconocimiento le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP realizar un estudio de seguridad y presentar un informe. Igualmente, se le informa a la opinión pública que las actividades privadas de justicia restaurativa programadas entre las víctimas y victimarios se mantienen”, expresó la justicia restaurativa.
Por el momento, la JEP tiene acreditadas a 3.111 víctimas de este delito. Durante el proceso dentro de la entidad nacida del Acuerdo Final de Paz han entregado informes, presentado observaciones y tuvieron la oportunidad de participar en la determinación de la metodología de las audiencias aplazadas.
En la JEP indicaron que estas comparecencias se deben llevar cabo mediante varias actividades que no solo atañen a escuchar a los victimarios, sino dar un contexto a ese proceso.
“Previo a cada audiencia se debe realizar un taller de preparación para todos los participantes. Esto obligó a ajustar las demás fechas y a notificar tanto a víctimas como a comparecientes”, concluyeron.
Incluso en la cuenta de Twitter de la JEP se publicó un video en el que se recopilan algunas de las comparecencias de víctimas y de victimarios. Estos últimos aseguraron que los altos mandos les exigían resultados monetarios a través de los secuestros.
Para la diligencia se tiene programada la presencia de víctimas representativas de esa práctica criminal en distintas modalidades y de varios sitios del país, así como de Rodrigo Londoño Echeverry ‘Timochenko’, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, quienes fueron imputados en enero de 2021 en el tribunal transicional por los mencionados delitos.
Precisamente, a través de su cuenta oficial de Twitter, los miembros del Partido Comunes, colectividad política que surgió de los Acuerdos de Paz, confirmaron su asistencia y compromiso con el proceso.
“En cumplimiento del compromiso con Colombia desde mañana el último secretariado de las Farc-EP comparecerá ante la JEP, como máximos responsables por política de secuestros. La paz es cambio, esta pasa por la verdad y reparación. Les invitamos a estar pendientes de este hecho”, anunciaron.
Sin embargo, la JEP negó la tutela que había instaurado otros grupos de personas que padecieron ese delito por parte del extinto grupo subversivo y que buscaban estar en dichas audiencias.
“Luego de estudiar las tutelas presentadas por víctimas de secuestro, la Sección de Revisión consideró que la Sala de Reconocimiento actuó de acuerdo con la normativa transicional cuando determinó la metodología para escoger el número de víctimas que intervendrán en la diligencia”, expresaron en la JEP a través de su cuenta oficial de Twitter.
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