Víctimas del delito de secuestro estuvieron presentes frente a los miembros del secretariado de la extinta guerrilla de las Farc, durante el primer día de las audiencias de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el que los comparecientes aceptaron haber cometido ese crimen de lesa humanidad y de guerra.
“Hemos venido aquí como último secretariado de las desaparecidas Farc-EP y como Rodrigo Londoño Echeverry en mi calidad de último comandante, a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, señaló el compareciente conocido como Timochenko durante el conflicto armado.
Se trata del reconocimiento oficial del primer crimen y caso que sigue la JEP con el objetivo de determinar los hechos más graves del conflicto armado colombiano cometidos, principalmente, por los miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hasta la firma del Acuerdo de Paz.
La audiencia se desarrollará desde este martes 21 de junio hasta el próximo jueves 23 y en medio de la misma se hará un reconocimiento de las conductas determinadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad en el caso de privaciones de la libertad, en el que comparecen como máximos responsables, junto a Londoño, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Londoño señaló que el secuestro se practicó con el objetivo de financiar su proyecto militar. “Cómo es posible reivindicar ante la humanidad como un hecho válido el cosificar a una persona, el convertirla en mercancía en función de financiar un proyecto que reivindicaba la dignidad humana cuando la estábamos posteando y, lo más grave, generando en su entorno familiar una situación de angustia, de incertidumbre, que la mayor de la veces llevó a terminar con proyectos de vida, destrucción de capitales, vínculos familiares y truncar vidas”, sostuvo.
Timochenko ingresó a los 17 años a las Farc y en 1982, en la Séptima Conferencia de las Farc, fue elegido por los delegados guerrilleros como miembro del Estado Mayor Central. Allí empezó a realizar actividades y dirigir bloques como el Oriental y el del Magdalena Medio en el que terminó su vida guerrillera.
Ingresó en 1968 al Secretariado de las Farc cuando Jaime Guaracas cayó enfermo. Ese punto era el encargado de que se cumplieran las políticas internas decididas en las conferencias. Con Alfonso Cano, según dijo, se había decidido suspender el secuestro con fines financieros y a su muerte asumió como comandante de la estructura.
“Como es posible que con el pretexto de una acción humanitaria capturáramos al adversario en medio de una confrontación, respetándole la vida, en la idea (como en casi toda confrontación) de intercambiarlos por quienes en nuestras filas habían sido capturados y estaban en las cárceles de Colombia. Ante la negativa de hacerlo por parte del Estado, en un acto de insensibilidad prologamos su secuestro hasta constituirse en un crimen de lesa humanidad y de guerra que generó actos, conductas no administrables, en lo que condenamos a cientos de seres humanos a vivir años en condiciones de indignidad, sufrimiento y, de mucha mayor gravedad, los efectos en sus entornos familiares”, reconoció Londoño.
Señaló que sí hubo una política de secuestro dentro de las Farc, que conllevó a prácticas y conductas como homicidio, desaparición y durante las que se presentaron casos de violencia sexual que según el último comandante guerrillero no fueron patrones de acción interna. Sin embargo, no hizo referencia a las conductas de torturas y esclavitud que fue imputada por la JEP a los miembros del secretariado como responsables de dar órdenes.
“Con dolor en el alma venimos a esta audiencia a reconocer y estamos ante ustedes reconociendo que a nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.
Londoño señaló que gracias a los demás miembros de las Farc que entregaron las armas y siguen firmes en el Acuerdo, han podido reconstruir la verdad, pero que aun falta esclarecer muchos hechos, por lo que invitó a continuar contribuyendo hombro a hombro hasta encontrarla.
Las víctimas tendrán la oportunidad de presentar sus reparos a los reconocimientos de los comparecientes para exponer sus solicitudes de verdad, así como en los siguientes 15 días hábiles presentar un documento de observaciones. Tras esta audiencia, la magistratura remitirá una resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz que definirá las sanciones. Si hay delitos no reconocidos, irán a Unidad de Investigación y Acusación donde, de ser vencidos en juicio, se enfrentarán a 5 o 20 años de cárcel.
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