Judicializado funcionario de la Registraduría de Cartagena que habría exigido dinero por adelantar irregularmente trámites en la entidad

Por petición de un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Marcel Eduardo Buendía Hernández, quien hasta el momento de su captura se desempeñaba como archivador de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Cartagena.

La decisión judicial está relacionada con hechos ocurridos entre mayo de 2018 y agosto de 2019. El procesado habría usado su cargo en la entidad pública para exigir el pago de hasta un millón de pesos por diligenciar contraseñas a ciudadanos venezolanos; a pesar de ser trámites gratuitos.

Según se logró determinar, el funcionario, al parecer, se prestó para adulterar información oficial que, supuestamente, permitiría legalizar la estadía de extranjeros en el territorio nacional. También se evidenció que los datos consignados en dichos documentos eran falsos.

El ente acusador investiga si esta conducta se presentó de manera reiterada pues, al parecer, existe otra queja contra el procesado por, supuestamente, incurrir en un comportamiento similar.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron a Buendía Hernández el 13 de junio anterior en su lugar de trabajo, en el barrio Retén Doña Manuela de Cartagena.

El investigado negó los cargos endilgados por el ente acusador como presunto responsable de los delitos de concusión en concurso heterogéneo con falsedad material en documento público.

Se han presentado más casos

No es la primera vez que un funcionario de alguna de las sedes de Registraduría en la región Caribe se aparta de sus funciones constitucionales para dedicarse a actividades criminales directamente vinculadas con su labor. Hace tres años, EL HERALDO reveló cómo operaba un entramado ilegal que cobraba un promedio de 1,5 millones de pesos por ‘’legalizar‘’ a migrantes en la sede Centro de la entidad, en Barranquilla.

En 2016, la Fiscalía General capturó a siete personas, cinco de ellas registradores activos, señalándolos de integrar una red dedicada a expedir documentos a extranjeros de varios países en las oficinas de Malambo, Candelaria, Ponedera, Luruaco y Santo Tomás, en el Atlántico. Con comprobada eficiencia, la banda había logrado tramitar más de 8 mil cédulas durante cuatro años de irregulares gestiones migratorias y de identificación.

La historia se repite a cada rato. Este es un fenómeno delictivo infatigable, como muchos otros, sustentado, por un lado, en las cuantiosas ganancias obtenidas por las mafias y, por otro, en la creciente demanda de quienes, por distintos motivos, buscan cómo desplazarse hacia Estados Unidos y Europa, vía Colombia u otros países de la región, sin contar con la documentación requerida.

Como toda modalidad criminal se reinventa cada cierto tiempo modificando aspectos relacionados con el modus operandi para evitar ser sorprendidos in fraganti, llegando a un nivel de sofisticación tal que cuesta identificar a simple vista alteraciones en las identificaciones de los viajeros.

De acuerdo con EL HERALDO, empleados de Migración y la Registraduría venden “paquetes” a integrantes de grupos criminales, personas sin papeles o traficantes de seres humanos, hasta por 17 mil dólares, para expedirles documentos colombianos, cédulas o pasaportes que les faciliten su ingreso, tránsito o salida a destinos internacionales.

La denuncia hecha por el medio de comunicación puso al descubierto gravísimas fallas en la forma como operan los sistemas migratorio y de identificación en el país, que terminan siendo coladores de quienes en total ilegalidad cruzan los puestos de control terrestre de Paraguachón (La Guajira) y Rumichaca (Nariño), o los de los aeropuertos Ernesto Cortissoz, de Barranquilla; José María Córdova, de Medellín; El Dorado, en Bogotá, y Rafael Núñez, en Cartagena.

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