Procuraduría requirió a entidades territoriales a agilizar elección de contralor

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a los municipios y departamentos que aún se encuentran sin terminar el proceso de elección de contralores territoriales 2022-2025, para que agilicen los trámites en su jurisdicción y así cumplir con esta obligación.

Pasados seis meses de la fecha en que las 65 corporaciones debían elegir contralor, solo 58 municipios han seleccionado al funcionario y siete entidades territoriales (correspondientes a los departamentos de Caldas, Tolima, Amazonas, San Andrés y Vichada y los municipios de Cartagena, Barrancabermeja) aún están adelantando ese proceso, situación que preocupa a este ente de control dadas las implicaciones para los municipios al no contar con el órgano de vigilancia en sus territorios.

La preocupación está en que estas son las encargadas de realizar el control y vigilancia a los recursos en los territorios del país, bajo la dirección del contralor general.

Adicionalmente, el Ministerio Público advirtió sobre las consecuencias que este hecho representa en el periodo de los actuales contralores, el cual -como menciona la norma- es de cuatro años.

En desarrollo de esta vigilancia preventiva adelantada desde octubre de 2021, el ente de control requirió información de las siete universidades en las que se concentraron la mayoría de los procesos de selección.

Como resultado de esta actuación se dio apertura a 57 actuaciones preventivas y 18 procesos disciplinarios por hechos relacionados con conflicto de interés, incumplimiento de los requisitos normativos del concurso, irregularidades en el proceso de aplicación de las pruebas, incumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los aspirantes y presuntas inhabilidades.

Lo que debe saber de Las Gerencias Departamentales Colegiadas

Para que la Contraloría General de la República ejecute un eficiente ejercicio de vigilancia, se organiza administrativamente en dos niveles:

1. Nivel central: es decir, la sede ubicada en el Distrito Capital.

2. Nivel Desconcentrado: sedes de la Contraloría ubicadas en los departamentos del país. Y es aquí donde encontramos a las Gerencias Departamentales, que son las encargadas de realizar el control y vigilancia a los recursos en los territorios del país, bajo la dirección del Contralor General.

¿Por qué fueron creadas?

Las Gerencias Departamentales fueron originadas con el propósito de que la Contraloría presencia en todo el territorio nacional, fortaleciendo el control Fiscal y haciendo un eficiente ejercicio de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y control de la gestión pública en el territorio asignado.

¿Cuántas Gerencias Departamentales Colegiadas existen?

Existen 31 Gerencias Departamentales, ya que están conformadas teniendo en cuenta la división político-administrativa del país y están ubicadas en la capital de cada departamento.

¿Cómo están conformadas las Gerencias Departamentales Colegiadas?

Para garantizar la eficiente presencia y el cumplimiento de la misión de la Contraloría en el territorio nacional, las Gerencias Departamentales están conformadas por un gerente departamental y no menos de dos contralores provinciales.

De igual forma, cada Gerencia Departamental tiene 5 grupos:

1. Grupo Delegado de Vigilancia Fiscal.

2. Grupo Responsabilidad Fiscal

3. Grupo de Cobro Coactivo.

4. Grupo de Participación Ciudadana.

5. Grupo de Regalías.

¿Cuáles son sus funciones?

Realizan la vigilancia fiscal a programas dirigidos a la ciudadanía en el departamento, es decir, verifican cómo se invirtieron y gastaron los recursos, si llegaron a la población a quienes estaban destinados y se cumplieron con los criterios de calidad y oportunidad.

Investigan si hubo actos de corrupción y quiénes serían los responsables para aplicar las sanciones respectivas.

Por último, desarrollan labores para la participación ciudadana a través de dos enfoques; el primero es la recepción y atención de denuncias ciudadanas y dos la promoción y desarrollo donde se trabaja con las comunidades y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el control social a la gestión pública, es decir donde la misma comunidad pueda hacer vigilancia y control a los recursos en su territorio.

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