Previo a la segunda vuelta presidencial, la Defensoría del Pueblo había emitido alertas por posibles acciones terroristas que podrían realizar grupos armados durante la jornada electoral del domingo pasado. De hecho, la entidad advirtió el pasado 15 de junio que 84 municipios de 14 departamentos presentaban una exposición extrema de inseguridad por intimidaciones o ataques de grupos ilegales.
En esa alerta, el defensor Carlos Camargo le había pedido a las instituciones correspondientes “que se implementen acciones extraordinarias para la protección de las poblaciones”, y de paso, pidió que se cumplieran las condiciones de seguridad adecuadas para la ciudadanía y los candidatos presidenciales. Cuatro días después, la entidad indicó que el balance de las elecciones -que dieron por ganador a Gustavo Petro- fue positivo, destacando además la masiva participación del censo electoral en todo el país.
De acuerdo con la cabeza de la entidad, a lo largo del día hubo complicaciones que impidieron un pleno desarrollo de la jornada y tuvieron que ver con las malas condiciones climáticas; por lo demás fue un “balance positivo”. Sin embargo, hay que tener en cuenta los hechos violentos que se registraron el domingo, concretamente, en Norte de Santander donde seis soldados resultaron heridos tras un atentado del ELN, y Caquetá, donde un soldado murió por un ataque de grupos residuales.
“Desde nuestras 42 regionales pudimos recibir un balance positivo en el que los ciudadanos se pudieron manifestar con libertad y donde la institucionalidad del Estado sale muy fortalecida, confirmando que Colombia es una democracia sólida” indicó Camargo. Asimismo, felicitó el buen desempeño de la jornada y aprovechó para felicitar a los ganadores de la segunda vuelta; Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes fueron electos como presidente y vicepresidenta.
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En el reporte final que emitió la entidad, lamentan también la muerte de Ersaín de Jesús Ramírez Ospina, líder social y defensor de derechos humanos que residía en el municipio Patía, Cauca. En ese mismo departamento, pero en Guapi, un hombre que al parecer iba a ejercer como testigo electoral por el Pacto Histórico fue asesinado cuando se dirigía al puesto de votación donde iba a hacer veeduría; y en esa misma zona una mujer también fue acribillada en hechos ajenos a la contienda electoral.
Con respecto a las novedades presentadas, en Puerto Leguízamo las autoridades indígenas del Cabildo de Puerto Nariño, del Pueblo Kiwcha, pidieron el retiro del puesto de votación que estaba ubicado en su territorio; por tal motivo, el punto fue movido hasta la cabecera municipal.
De otro lado, la Defensoría reportó 506 quejas emitidas por la ciudadanía relacionadas con el material electoral -kits repartidos de manera tardía-, así como presiones e interferencias indebidas entre testigos electorales y jurados de votación; de igual manera, fueron denunciadas anomalías en el ejercicio de los jurados y publicidad política en cercanías a los puntos de sufragio. Dichas eventualidades ocurrieron principalmente en Bogotá (10%), Nariño (9%), Antioquia (9%), Santander (9%), Norte de Santander (7%), Sucre (6%), Bolívar (6%), Caldas (4%), Cauca (4%) y Valle del Cauca (4%).
Otro caso presentado en la jornada de este domingo fueron los reportes desde varias regiones sobre el inconformismo por marcas existentes en algunos tarjetones. Ante esto, la Registraduría y la Misión de Observación Electoral -MOE- precisaron que esta situación no afectó la transparencia electoral, pues se trató de un error al momento de imprimir las papeletas.
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