Desde el próximo 20 de julio, los nuevos senadores y representantes a la Cámara iniciarán un nuevo período en el Congreso de la República. Quince días después, asumirá el nuevo presidente de Colombia, el 7 de agosto, dando inicio al nuevo mandato presidencial. Casi que de inmediato se establecerán las eventuales bancadas de gobierno y, claro, de oposición. ¿Qué le espera al nuevo jefe de Estado? ¿Qué quedó hundido y tratará de salir a ‘flote’?
Durante el actual período, que terminará al mismo tiempo que se posesionan los nuevos legisladores, se hundieron varios proyectos de ley en materia medio ambiental, económica y algunas reformas que, de alguna manera u otra, hubiesen incidido en la historia del país.
Infobae Colombia conversó con cuatro senadores de la República de algunas de las más importantes colectividades políticas, -y que quedaron reelegidos para el próximo periodo parlamentario- quienes describieron los desafíos que dejó el gobierno de Iván Duque en materia legislativa y que recibirá su sucesor, Gustavo Petro.
La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, el mismo con el que su esposa Claudia López ganó las elecciones de la Alcaldía de Bogotá, le contó a Infobae Colombia que el presidente Duque y su comitiva impulsaron el proyecto de especialidad agraria pero, cuando estaba ad portas de salir avante, decidieron hundirlo.
“El único proyecto que desarrollaba el Acuerdo de Paz, que era de autoría entre comillas del Gobierno y que lo presentaron por quedar bien fue el de especialidad agraria. A pesar de ello, logramos sacarlo adelante cuando ya lo querían hundir. Cuando estaba en el primer de los cuatro debates por orden de la Mesa Directiva del Senado no lo dejaron discutir para que se hundiera. Es una gran deuda con Colombia, con la paz, con la ruralidad”, señaló Lozano.
Otra de las iniciativas que no recibió el espaldarazo del actual Ejecutivo, que terminará el próximo 7 de agosto, fue el de una reforma para que los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas recibieran presunción de inocencia ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en caso de presentar investigaciones en su contra. Esa iniciativa fue promovida por una copartidaria de Iván Duque, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
“Eso no se sacó adelante”, señaló la congresista uribista a Infobae Colombia, a su vez que describió la “importancia” que, a su juicio, traía para los integrantes de la Policía, el Ejército, entre otros.
“Era muy importante el juzgamiento de las Fuerzas Armadas. No puede seguirse haciendo de manera politizada como lo está haciendo la JEP. Colombia necesita unas garantías mínimas de imparcialidad que respondan a las Fuerzas Armadas”, señaló.
Desde el Pacto Histórico también hubo pronunciamientos. La representante a la Cámara María José Pizarro, que quedó elegida por esa coalición para ser senadora, aseguró que el gobierno Duque no impulsó la reforma del Icetex, que ahora ella seguirá dirigiendo en su segundo período como congresista.
“La reforma al Icetex pasó por unanimidad en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y el proyecto de matrícula cero fue aprobado la semana pasada. Yo soy coordinadora, ponente y por supuesto estaré al frente de lograr que se continúe el trámite legislativo. Lo mismo en tramitarlo en el Senado de la República como ponente”, expresó en su diálogo con Infobae Colombia.
Su colega de coalición Iván Cepeda Castro también hizo varios reparos a la gestión de Iván Duque como presidente y su relación con el Congreso. De hecho, la catalogó como “nefasta” y procedió a explicar los descaches que el primer mandatario habría cometido durante su mandato.
“En materia social no ha habido avances. La agenda económica ha girado en torno a una propuesta neoliberal, como lo demostró la reforma tributaria que llevó al estallido social. En materia de derechos humanos no ha habido ninguna iniciativa seria, ni en materia de la implementación del Acuerdo de Paz”, expresó Cepeda a Infobae.
El Acuerdo de Escazú
En algo en lo que coincidieron Iván Cepeda, María José Pizarro y Angélica Lozano es que el actual Congreso se ha mostrado renuente frente a la aprobación de implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia, que básicamente es un tratado internacional, firmado por más de 25 países, que propende por los protocolos para la protección del medio ambiente.
Para Cepeda, en este período legislativo “muy probablemente no podrá ser ratificado en segundo debate por el Senado de la República”, situación que, según aseguró, también se debería a la falta de voluntad del Gobierno nacional, posición ratificada por Lozano, quien explicó el panorama que el mencionado tratado enfrentaría en los próximos cuatro años.
“El acuerdo es Escazú (...) no lo han querido aprobar. Usando el derecho de de orden del día, en la oposición logramos que tuviera ya primer debate en Comisión Segunda, pero falta la plenaria del Senado y no creo que en la semana que resta de sesiones ordinarias se dé. Es un proyecto que queda vivo y será el próximo Congreso que ojalá pueda terminar el trámite, aprobarlo y suscribirlo”, comentó la senadora ‘verde’.
Aunque los citados entrevistados alternativos aseguraron que en su nuevo paso por el Senado promoverán la ratificación de Escazú, para Paloma Valencia, que eso se establezca en el país, es “negativo”, dado que le daría vía libre a las oenegés para que tomen decisiones sobre el medio ambiente en la nación.
Sin embargo, ella misma planteó cómo solucionaría el tema: “Yo he sugerido varias veces que los elementos que son positivos del tratado como la protección de líderes ambientales y la apertura de la información, se tramiten como leyes ordinarias que hagan parte del ejercicio legal colombiano, pero no aceptamos las cosas que son negativas para el país”, dijo.
Otras iniciativas que tampoco vieron la luz
Entre tanto, María José Pizarro también aseguró que será responsabilidad del próximo presidente y de los congresistas impulsar la ratificación del citado acuerdo en Colombia. Es más, consideró que existen otros proyectos a los que el Gobierno no les prestó importancia y a los que, a su juicio, se les deberá parar bolas desde el 20 de julio de 2022.
“(...) Los proyectos de ley que tenían que ver con la reforma a la Policía o la Renta Básica ni siquiera fueron discutidos. Todo este tipo de proyectos de orden social que se habían presentado por parte de la oposición como el Tratado de Escazú, que definitivamente sí era un reclamo de la oposición y de otros sectores políticos del país, pero no fueron ni siquiera discutidos o tenidos en cuenta”, cuestionó la también artista plástica.
Desde el partido con el que Duque llegó al Gobierno, el Centro Democrático, también hubo varios reparos, pues tanto el Legislativo como el Ejecutivo no habrían promovido las reformas a la justicia que, según la senadora uribista Paloma Valencia, permitirían “el juzgamiento de las altas cortes”, además de lograr “que los recursos vayan a fortalecer la primera instancia”. Según le dijo a este medio, también faltó impulso los siguientes temas:
“Está pendiente un debate en torno a temas laborales como la posibilidad de los contratos laborales por horas y apresurar la disminución de la jornada laboral, que quedo con un régimen de transición muy amplio. (...) La reforma a la salud en lo referido al pago del personal médico, que no puede seguir siendo tercerizado y precarizado como lo ha sido en muchos modelos”, reflexionó Valencia.
¿Y las aplicaciones móviles?
Desde hace años se viene discutiendo la precarización de los mensajeros de Rappi, los supuestos beneficios de plataformas para pedir carros como Uber, Beat y Didi, entre otras aplicaciones móviles. El tema pasó por el Congreso pero no se logró la debida reglamentación. ¿Qué opinan los representantes de la derecha, el centro y la izquierda que Infobae consultó?
Para Angélica Lozano, en este proyecto “no hay voluntad política del Gobierno ni del Congreso y por eso se embolató”. Sin embargo, espera que en este nuevo período se logren avances.
María José Pizarro, sin embargo, considera que es “bueno” que sus compañeros congresistas reglamenten esas apps, “no solamente en términos tributario sino también en términos de garantías de derechos de jóvenes que trabajan a través de estas aplicaciones y que no reciben ningún tipo de prestación social”, señaló. Dicha posición fue compartida por Paloma Valencia. Iván Cepeda reconoció que no ha investigado sobre el tema.
La necesidad de una reforma tributaria
Todos los entrevistados coincidieron en que Colombia sí necesita un proyecto para recoger más fondos que permitan inversión. Pizarro y Cepeda aseguraron que, si se aprueba, no se puede tocar a los más pobres y sí a “los mayores capitales, a los 4.000 contribuyentes que tienen la mayor riqueza en Colombia”, que coincide con lo que su líder político, Gustavo Petro, prometió en su campaña presidencial.
Valencia, entre tanto, dice que sí debe crearse dicha reforma pero cuidando algunos aspectos clave como la renta básica y “una tarifa cero para todos los pequeños empresarios de este país”.
Educación
Durante la campaña presidencial mucho se habló de condonar las deudas del Icetex. Cepeda y Pizarro aseguran que estudiarán esa iniciativa, sumada a la de matrícula cero. Valencia dice que hay que evaluarla con cuidado porque “si gastamos toda la plata en pagar las deudas de los estudiantes de ahora, ¿cómo van a estudiar los del futuro?
Estos son solo algunos de los muchísimos proyectos de ley a los que, según los citados congresistas, se le deberá apostar en esta nueva época política que atravesará Colombia en panoramas nunca antes vistos: un legislativo marcado por las llamadas fuerzas alternativas y un presidente alejado de la derecha, el uribismo, continuismo y tradicionalismo, que ha gobernando a la nación en los últimos dos siglos.
Bonus: Paloma Valencia anunció que si Petro es presidente se declarará en oposición. Iván Cepeda aseguró lo mismo si es Rodolfo Hernández el que gana. María José Pizarro se abstuvo de responder y Angélica Lozano se mostró imparcial frente al tema.
SEGUIR LEYENDO: