Gustavo Petro: las polémicas del político más exitoso de la izquierda en Colombia

Gustavo Petro ha sido el candidato presidencial de la izquierda más votado en la historia reciente de Colombia. Ha pasado dos veces a segunda vuelta y este año ganó la primera casi duplicando los votos que obtuvo en 2018, con una coalición llamada Pacto Histórico, que fue la que obtuvo el mayor número de sufragios en las elecciones al Congreso de la República.

En esa carrera ha tenido una vida convulsa, de militar en la guerrilla del M-19 y a la par ser elegido personero de Zipaquirá, a pasar después de la entrega de armas al Congreso de la República como representante y senador. Le ganó en 2010 una consulta al principal líder de la izquierda de entonces, Carlos Gaviria Díaz, para ser luego alcalde de Bogotá en un momento en que la ideología estaba desprestigiada en la capital y que le dio el impulso para ser el principal candidato de ese sector político a la Presidencia de la República.

Gustavo Petro dijo en entrevistas durante esta campaña que, de perder en segunda vuelta no volvería a ser candidato y en esta ocasión ha apostado por todo. Gastó más de 16.000 millones de pesos, según los reportes de Cuentas Claras del CNE, y armó un equipo político con cuestionados apoyos, algunos que fueron distantes políticamente y que lo metieron en problemas para la recta final.

Una semana antes de los comicios, la revista Semana dio a conocer grabaciones internas de discusiones de estrategia en campaña que dejaron ver directrices para compartir noticias falsas contra contrincantes de primera vuelta como Federico Gutiérrez. Así mismo, aparecía Roy Barreras, otrora contradictor, proponiendo atacar a Sergio Fajardo o Alejandro Gaviria.

En las grabaciones se vio al senador Barreras anticipar conversaciones de “gente del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición a extraditables”, aunque no dijo el nombre del implicado. Pero fue conocido el encuentro de Juan Fernando Petro, hermano del candidato, con condenados corruptos y parapolíticos en La Picota.

Así mismo, la electa senadora por esa coalición, Piedad Córdoba, tiene varias situaciones jurídicas sin resolver. Fue detenida en Honduras por llevar más de 68.000 dólares sin declarar. Es señalada de haber sostenido negocios con Álex Saab: un asesor suyo la acusó de utilizar para su beneficio las liberaciones de secuestrados de las Farc, y su hermano Álvaro Córdoba Ruiz fue capturado con fines de extradición. Tales fueron las dudas que Petro ordenó apartarla de la campaña.

Pero más allá de las polémicas que se desataron en un tire y afloje dentro la campaña a la Presidencia, a Petro lo persiguen algunas situaciones que generaron escándalo en su pasado cargo como alcalde mayor de Bogotá.

Un alcalde puede tomar la decisión de expedir el Plan de Ordenamiento Territorial en caso de que el Concejo de Bogotá no tome una decisión al respecto, como en el caso de la alcaldesa Claudia López en diciembre de 2021, tras cumplir el tiempo de 90 días de discusión. Sin embargo, en 2013 Petro se tomó esa atribución cuando el cabildo ya había determinado el futuro del plan.

El 7 de junio de 2013, en el periodo de extensión de las sesiones ordinarias, en la Comisión del Plan de Desarrollo del Concejo, la ponencia negativa al POT radicada por Miguel Uribe Turbay recibió nueve votos a favor y seis en contra, por lo que el proyecto no fue aprobado y debió ser archivado. El alcalde debía realizar modificaciones si quería que el cabildo se pronunciara y presentarlo nuevamente, pero en su lugar, el 27 de agosto, Petro expidió un decreto reglamentándolo.

Poco después, (2 de septiembre de 2013) por peticiones de los concejales, la Sala de Consulta del Consejo de Estado emitió un concepto en el que aseguró que con ponencia negativa en primer o segundo debate debía archivarse el POT.

“Si el Concejo, en comisión o en plenaria, decide no aprobar el proyecto de acuerdo de una revisión o modificación del POT, el alcalde no puede adoptar el proyecto por decreto, pues estaría contrariando y desconociendo las facultades constitucionales y legales del Concejo, antes anotadas, para decidir la suerte de los proyectos de acuerdo”, señaló el alto tribunal.

Con ese concepto, aunque la Secretaría de Gobierno aseguró que no tenía efectos sobre la legalidad del POT, el plan entró en un limbo jurídico que no se resolvió sino hasta abril de 2014, cuando el Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad del decreto y como medida provisional suspendió los efectos de esa norma, que fue ratificada posteriormente y en 2019 se anuló por un juzgado administrativo.

La Procuraduría lo sancionó en 2016 con una inhabilidad por un año, por haber desconocido al Gobierno distrital “haciendo caso omiso y sin reparar en las advertencias hechas por diferentes intervinientes en el Concejo de Bogotá”, una falta que se consideró grave y a título de dolo. Hasta 2019, el Consejo de Estado anuló su proyecto.

El sistema de transporte público masivo de Bogotá fue uno de los principales temas de la campaña de Gustavo Petro en 2011. La ciudad venía del denominado ‘Carrusel de la contratación’ denunciado por él y Carlos Fernando Galán, que retrasó la construcción de la troncal de la Calle 26 de TransMilenio. Además, el entonces candidato progresista era el principal crítico de ese sistema, que para entonces cumplía su primera década y ya generaba el descontento de los usuarios.

Entre 2013 y 2014 los contratos de las fases I y II terminaban, no por fecha, sino porque los entonces 1.303 articulados cumplirían los 850.000 kilómetros andados. En ese contexto, se esperaba que la llegada de Petro, como crítico del sistema, tuviera la oportunidad de renegociar los contratos. El concejal Celio Nieves expresó entonces que era la oportunidad de buscar una nueva flota más cómoda, unos buses más modernos y una distribución más equitativa de las utilidades con la Alcaldía, pero eso no ocurrió.

En 2014, sin licitación, Petro decidió otorgar una prórroga de los contratos con los mismos operadores, en la que lo único que logró fue una reducción de la tarifa técnica del 13 % y les permitió mantener los buses para que superaran el millón de kilómetros de ruta, sin condiciones para mejorar el servicio, es decir, ningún compromiso de su parte y sí recibieron a cambio dos billones de pesos por tres años.

A mediados de ese año, la Contraloría Distrital alertó que no se había iniciado la estructuración de la licitación para 2016, hasta cuando habían sido extendidos los contratos, y eso llevaría a una nueva prórroga para los contratos más viejos del sistema que llevaban ya 13 años de vigencia.

En 2016, Enrique Peñalosa prorrogó una vez más los contratos de los operadores de fase I, según dijo, porque en la alcaldía anterior no se había iniciado la licitación, es decir como consecuencia de esa advertencia. En 2018 uno de esos buses, con más de 1,2 millones de kilómetros, se incendió y fue el primer accidente con pasajeros lesionados desde que empezó a operar el sistema.

Cuando Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá, los contratos de aseo tenían problemas jurídicos. Mientras la UAESP adelantaba, desde el 2011, una licitación para la prestación del servicio público domiciliario de aseo en la capital, en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición final; la Corte Constitucional ordenó suspenderla porque no se había establecido la inclusión de la población recicladora como lo había solicitado en varias sentencias previas.

Petro se encontró con esa situación a su llegada a la alcaldía y la tomó como la oportunidad para devolver el servicio de aseo a la administración de la capital, implementar su programa de cambio climático y ayudar a la población recicladora. Así las cosas, extendieron los contratos con los cuatro operadores privados, primero por seis meses y luego por tres, en medio de urgencia manifiesta. Primero para poder diseñar la nueva licitación y, segundo, porque una vez hecho lo anterior, faltaba un concepto de la Corporación Autónoma Regional para las tarifas de pago a los recicladores.

Se propuso diseñar entonces una empresa pública y así quitarle los contratos a los privados. La nueva entidad debía empezar a operar el 18 de diciembre de 2012, cuando se terminaba la segunda prórroga de los contratos con los que llevaban operando el (EEAB) servicio. Pero apenas tres meses antes, en octubre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá inició la compra de maquinaria y equipos, como la empresa que asumiría la función a través de Aguas de Bogotá.

Para diciembre, las cosas ya no iban bien. Petro tuvo que adoptar varios decretos para buscar garantizar el servicio de aseo y recolección a partir de la fecha límite, entre ellos uno expedido cuatro días antes para permitir que esa función la cumplieran volquetas y un estado de alerta amarilla. Tal era la situación que, un día antes de que la EAAB debía empezar a operar en esas nuevas actividades, adicionó una cláusula para contratar operadores privados y declarar una urgencia manifiesta.

El resultado del ambicioso plan de “Bogotá Basura Cero” fue todo lo contrario a lo que se planteaba en cuanto a recolección. Desde el 18 y hasta el 21 de diciembre la ciudad se inundó de basura en varios sectores donde no fue posible llegar a recoger los residuos, y tanto ciudadanía como autoridades de vigilancia y oposición denunciaron al alcalde.

El hecho derivó en una suspensión al alcalde Petro condenada por la Corte IDH debido a que la Procuraduría se extralimitó y violó sus derechos políticos. Aunque en cuanto al cambio de esquema no se ha dicho que haya cometido delitos, la crisis de tres días ha sido recordada como un ejemplo de la ejecución de ambiciosas reformas por parte del ahora candidato.

Emilio Tapia, el famoso corrupto, estaba detrás de la licitación de las basuras en Bogotá y aseguró un año después al diario El Espectador que el caos había sido planeado como un complot. Los operadores que perderían el contrato de 2,4 billones de pesos por siete años ante la empresa pública de Petro plantearon, según el contratista, que no había ninguna flota de camiones que cumpliera la función y “la ciudad no aguanta tres días de basura. Con esto se tumba al alcalde”.

La iniciativa de Petro no tuvo éxito y el contrato fue entregado, un 52 % para la empresa creada por la alcaldía Aguas de Bogotá, y el resto en tres privados diferentes: Lime, Ciudad Limpia y Aseo Capital. Se contrató más de 3.500 personas de poblaciones vulnerables en la empresa pública de aseo y se incluyó a la población recicladora en el esquema con pago.

Uno de los procesos judiciales por corrupción que se mantienen activos en contra del candidato Petro es por la compra de 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá en 2012. La Fiscalía le solicitó a la Corte Suprema de Justicia en 2019 que investigue al exalcalde para determinar si participó de alguna irregularidad de las que se presentaron en el contrato, un caso por el que ya fueron condenados dos funcionarios.

Se trata del contrato de suministro N° 559 firmado el 28 de agosto de 2012 entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá (FSV) y la empresa NORTHBOUND TECHNOLOGIES para comprar 100 motocicletas eléctricas tipo cross marca Zero DS-ZF9, que serían entregadas a la Policía.

El brigadier Luis Eduardo Martínez Guzmán, entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, había solicitado al FSV que se compraran unas motocicletas porque no tenían el equipo de movilidad suficiente para los cuadrantes operativos. Además, en el documento, pedía que fueran nuevas tecnologías que contribuyeran a la protección del medioambiente.

Según un informe preliminar de control fiscal de la Contraloría hecho en octubre de 2012, a las motocicletas se les hicieron múltiples pruebas para verificar si servían para el propósito. Las probaron en el Autódromo de Tocancipá, las llevaron hasta el túnel a Villavicencio y las evaluaron con expertos: presentaron ventajas respecto a la capacidad y rendimiento, así como ahorro de combustible y características físicas, conforme con los informes.

Los reparos iban en una batería más grande para mayor velocidad, que se trataba de una tecnología innovadora para la época y se demoraba en cargar completamente seis horas, por lo que las motos tendrían menos tiempo para patrullaje; el mantenimiento era costoso y los sillines podrían ser incómodos.

En el estudio de mercado se determinó que solo las motocicletas Zero DS-ZF9 cumplían con las características solicitadas por la Policía y solo había un proveedor autorizado en Colombia, NORTHBOUND TECHNOLOGIES, una empresa representada por Carlos Andrés Vaca Jiménez. Así las cosas, el FSV realizó una contratación directa justificada en que no existía pluralidad de oferentes.

En ese punto, la Contraloría halló incidencia fiscal y penal en la contratación. La Policía realizó pruebas a la motocicleta Zero DS-ZF9 antes de hacer la solicitud al FVS para la adquisición de los vehículos y se basó en sus características para pedirlas, por lo que era claro que los únicos que estaban autorizados para venderlas en el país iban a ganar el contrato posterior.

Además, la empresa que se ganó el suministro envió la cotización siete días antes de que el FVS solicitara sus respectivas cotizaciones a las compañías que venden motocicletas eléctricas en el país. Ese mismo día, NORTHBOUND TECHNOLOGIES había recibido la certificación para contratación pública y no le alcanzaba para el valor final del contrato, que fue de $4.357.000.000.

Con nueve meses de retraso, las motocicletas fueron entregadas con bombos y platillos, según criticó el concejal Javier Palacio, el 30 de mayo de 2013. Luego, para diciembre 2014, la Contraloría Distrital, en una nueva auditoría al contrato, encontró que 64 motos contaban con alguna avería y que el contratista, contrario a como lo establecían las condiciones del contrato, no tenía el taller adecuado para la garantía técnica y el servicio posventa, en el que no tenía maquinaria ni para alineación.

Un año después, a comienzos de julio, el 90 % de las motos estaban varadas por diferentes situaciones, como problemas chasis, luces fundidas, desgaste de pastillas de freno, caída de posapiés y otras varias fallas que el contratista no aceptaba reparar y que incluso les había tocado pagar a los patrulleros de su bolsillo, según los testimonios recogidos por el ente de control en 2015 en la Estación de Policía de Kennedy. Por esa razón, la Contraloría Distrital confirmó el hallazgo con incidencia penal y disciplinaria y un detrimento patrimonial de 2.311 millones de pesos.

En el 2019, la Fiscalía condenó al exgerente César Manrique Soacha y el exsubgerente Jesús Amado Abril del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá a 10 años de cárcel por el interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En la investigación se determinó que se había hecho una licitación directa sin multiplicidad de oferentes y las motos habían sido adquiridas por un valor superior al costo del mercado.

Tres semanas después, el ente acusador compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigara a Gustavo Petro, por las irregularidades presentadas en el contrato. Esto debido a que en el cumpleaños de Bogotá del 2012, el alcalde anunció la compra de motos eléctricas para la Policía y en el evento, al parecer, se encontraba Carlos Andrés Vaca Jiménez, el hombre que ganó la licitación, cuando aún no se había abierto.

La Corte Suprema de Justicia se encuentra en estudio de esa compulsa de copias para definir si abre o no investigación contra el exalcalde de la ciudad por esos hechos, que se encuentra en etapa de indagatoria.

SEGUIR LEYENDO: