Procuraduría hace un llamado a autoridades indígenas que estarían presionando a sus comunidades a votar

El Ministerio Público instó a los gobernadores y resguardos indígenas del país a respetar las libertades de sus comunidades, luego que se conociera un comunicado de las autoridades indígenas de Ipiales que anunciaba la obligatoriedad del certificado electoral para la realización de trámites

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El Ministerio Público instó a los gobernadores y resguardos indígenas del país a respetar las libertades de sus comunidades, luego que se conociera un comunicado de las autoridades indígenas de Ipiales que anunciaba la obligatoriedad del certificado electoral para la realización de trámites. REUTERS/Jaime Saldarriaga

A un día que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial de Colombia, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades indígenas que supuestamente estarían presionando a sus comunidades para que ejercieran su derecho al voto de manera obligatoria en la jornada electoral de este domingo 19 de junio, con lo que se estaría violando la Constitución.

El Ministerio Público informó que ha tenido conocimiento de que algunos gobernadores y corporaciones de resguardos indígenas han emitido comunicados en los que anuncian que, a partir del 20 de junio, los ciudadanos deberán presentar su certificado de votación para realizar trámites como “exoneraciones de servicio militar, avales universitarios o actualización censal”.

“En nuestra condición de guardianes y promotores de derechos debemos velar por la protección de las garantías de todos los ciudadanos y evitar posibles vulneraciones a las libertades políticas que resulten irreversibles, lo cual se generaría al crear una restricción a los derechos que todos los colombianos deberían poder disfrutar plenamente”, señaló el órgano de control.

En ese sentido, instó a las autoridades indígenas para que promuevan prácticas que incentiven el “ejercicio de los derechos políticos de sus comunidades sin coartar sus libertades ciudadanas”, llamado que se hace en medio de una contienda política marcada por fuertes tensiones en amplios sectores de la sociedad y los reiterados cuestionamientos de varios movimientos políticos a la legitimidad del proceso electoral.

“En consecuencia, con el fin de que exista plena protección al ejercicio de los derechos políticos de nuestros ciudadanos, la Procuraduría General de la Nación se permite instar. Al Ministerio del Interior, para que inicie un diálogo político con estos resguardos indígenas, con el fin de que se puedan establecer medidas que protejan sus usos y costumbres y el ejercicio de los derechos políticos de sus integrantes en su condición de ciudadanos”, concluyó la Procuraduría.

Este anuncio del Ministerio Público se produce tres días después que el gobernador y la corporación del resguardo indígena de Ipiales, Nariño, compartieran un comunicado a través del cual anunciaban la obligatoriedad del certificado de votación para realizar trámites como “certificaciones, documentos de terreno, avales universitarios, exoneración militar, actualización censal, entre otros”.

“Por medio de la presente información a toda la comunidad presente al Resguardo Indígena de Ipiales, que a partir del 20 de junio de presente año, todo tipo de trámite se deberá presentar el certificado de votación de las elecciones presidenciales del 19 de junio de 2022, de lo contrario no se expedirá ningún certificado anteriormente mencionado”, concluyen las autoridades indígenas de esta localidad fronteriza con Ecuador.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para blindar el derecho democrático y a rodear a la institucionalidad colombiana, ante los anuncios de posibles manifestaciones simultáneas al desarrollo de la jornada electoral del 19 de junio.

“La ciudadanía cuenta con las vías legales e institucionales en caso de ser testigos de algún hecho contrario al ejercicio libre del voto, y al mismo tiempo, que se evite toda forma de violencia pueda convertirse en la vía para que muchos ciudadanos terminen viendo afectados sus derechos”, señaló defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

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