Fiscalía pidió medida de aseguramiento para doce presuntos integrantes de la primera línea ‘Unión resistencia Bucaramanga’

En la tarde de este viernes 17 de junio se conoció que la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento para doce personas capturadas en Bucaramanga. Los sujetos son sindicados de pertenecer a la primera línea de la capital santandereana.

La institución aseguró tener información en la que se especifica el papel de cada uno de los capturados y los métodos de financiación al interior de la organización denominada ‘Unión resistencia Bucaramanga’.

El ente acusador develó informes de inteligencia con los reportes de algunos agentes infiltrados en las marchas que lograron identificar la forma de operar de los hoy presuntos, además indicó que, al parecer, también se dedicaba a la venta de estupefacientes en una universidad pública.

Durante un operativo realizado por la Policía en diferentes barrios de la capital de Santander se registró la captura de 12 jóvenes que presuntamente pertenecían a la primera línea y serían los responsables de dañar las estaciones del sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, Metrolínea.

Una mujer y 11 hombres presuntamente afectaron las fachadas de establecimientos comerciales e incluso llegaron a quemar entidades bancarias, a estos actos se suma la supuesta participación en los disturbios registrados en la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Jorge Flórez, abogado y exconcejal de Bucaramanga, denunció que los procedimientos de captura se habrían realizado de modo irregular y las autoridades pretendían atribuirle a estos jóvenes incautaciones falsas para hacerlos pasar como delincuentes.

Según información del director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, las capturas tuvieron lugar en varias regiones del país.

Respecto a este caso, las organizaciones sociales hacen llamado a la CIDH para que investigue las detenciones a presuntos miembros de la Primera Línea en el país. Oenegés como Temblores y el Centro de Investigación y Educación Popular expresaron su preocupación por los allanamientos y detenciones realizadas en ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga.

Las organizaciones han denunciado irregularidades con estos procedimientos policiales que han incluido decenas de allanamientos y otros procedimientos: desde la detención arbitraria de varios jóvenes hasta los intentos de las autoridades por vincularlos, sin mayores evidencias, con delitos como el narcotráfico.

La Ley 906 de 2004 faculta al fiscal para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento en contra de un imputado, desde la configuración de ciertos presupuestos legales y jurisprudenciales ante el juez penal municipal con función de control de garantías.

Esto implica en cierto modo, una restricción a la libertad del acusado en un Estado social de derecho sin haber sido este, ni oído, ni vencido en juicio, lo cual podría devenir en la flagrante violación de sus derechos constitucionales; al ser la libertad la regla general y su privación la excepción.

Según expertos en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, la Ley 906 de 2004, respecto a la detención preventiva se muestra insuficiente para proteger derechos de los particulares dentro del juicio penal, lo que implica la vulneración de los derechos fundamentales para las personas inmersas en un proceso penal en Colombia.

El Estado colombiano ha recibido varias demandas a causa del mal empleo de la imposición de la privación de la libertad.

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