Lo que han dicho los concejales de Bogotá ante la suspensión provisional del POT de Claudia López

El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bogotá concedió una medida cautelar que ordenó suspender el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, presentado por la administración de la alcaldesa Claudia López. Una decisión que dejó la principal norma urbana en un limbo jurídico por el procedimiento que se efectuó durante su discusión, a finales de 2021, en el Concejo de Bogotá.

Los cabildantes distritales se pronunciaron frente a la decisión y se escucharon argumentos a favor y en contra del auto interlocutorio en el que se concedió la suspensión que había solicitado el ex secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay, a través de una tutela.

Según el Juzgado, desde el 10 de septiembre cuando se radicó el POT Bogotá Reverdece en el Concejo y el 29 de diciembre cuando la alcaldesa expidió el decreto que lo reglamente, transcurrieron 110 días calendario, por lo que se habrían cumplido los términos. En ese tiempo, se radicaron 92 impedimentos y 66 recusaciones que fueron rechazadas.

Sin embargo, para la autoridad judicial, “no se tuvo en cuenta en el acto administrativo las suspensiones del proceso administrativo de conocimiento del Concejo de Bogotá, mientras se tramitaban y decidían los impedimentos, que en efecto fueron resueltos entre los meses de septiembre y noviembre de 2021″.

En ese sentido, el plazo de 90 días para aprobar o negar el proyecto no se cumplió, además señala que “en el seno de la entidad se decidieron las mismas, estando pendiente de discutir 4 recusaciones radicadas durante el 7 y 8 de diciembre de 2021″, para la fecha de expedición del decreto.

“El juez dice que las recusaciones deberían suspender esos términos, si fuera así creo que estaríamos aun discutiendo el POT, porque lo que ocurrió el año pasado en el Concejo es que se presentaron muchas recusaciones algunas de ellas anónimas, otra suplantando ciudadanos y pues era la pretensión de ir extendiendo los términos. Si no se respetan esos 90 días, una discusión de POT se vuelve materialmente imposible”, señaló la concejal María Fernanda Rojas, quien fue presidenta del cabildo durante el 2021.

Para Rojas, se cometieron delitos en las recusaciones que ella misma denunció a la Fiscalía. Aseguró que directora del Concejo, planteó a la plenaria que las recusaciones sin fundamento no se discutieran y se rechazaran de plano, como dice el juez en su decisión, pero no tuvo el apoyo de los concejales y “esto llevó a una avalancha de recusaciones que paralizaron el Concejo de Bogotá”.

Rojas agregó que con la suspensión, queda vigente el POT de Enrique Peñalosa, es decir el decreto 190 de 2004, aunque según Felipe Jiménez, secretario de Gobierno le dijo a El Tiempo, ya hay grandes proyectos de infraestructura que avanzan y no se pueden detener con la suspensión; en cambio sí la norma ecológica y delimitación del área urbana, las licencias y la construcción de nueva vivienda de interés social.

“Asumir que una recusación o un impedimento suspenda los términos de un Proyecto de Acuerdo es poner en riesgo el trámite de iniciativas tan importantes como el Presupuesto, el Plan de Desarrollo y los Proyectos presentados por los Concejales en las sesiones ordinarias del Concejo”, sostuvo por su parte el actual presidente del Concejo, Samir Abisambra.

“El POT está en vilo por la discusión de un formalismo y no por su contenido. Este POT se destaca por proteger la Estructura Ecológica Principal de la ciudad, modernizar el transporte, promover la reactivación económica y poner en el centro a las poblaciones que han sido históricamente marginadas. Esto ha tocado los intereses mezquinos de algunos, que quieren hundir a la ciudad en la pobreza y privilegiar la riqueza de unos pocos”, señaló por su parte el concejal del Partido Alianza Verde, Libardo Asprilla.

La concejal Lucía Bastidas, por su parte, celebró la decisión del Juzgado Quinto Administrativo y señaló que espera que las otras demandas que se encuentran en estudio se fallen en consonancia, para que se reverse el Plan de Ordenamiento Territorial, se modifique el proyecto y se discuta nuevamente de fondo en el Concejo.

“Enhorabuena los jueces de la República fallan en justicia por los bogotanos, con esta medida cautelar de suspender el POT de afán de la alcaldesa Claudia López que se decretó a la mala, con errores de forma y de fondo que advertimos a tiempo desde el Concejo de Bogotá. La administración no cumplió con los requerimientos de tiempo ni de participación, afectando el buen vivir de los ciudadanos con una visión de ciudad impuesta”, señaló la cabildante del partido Alianza Verde.

Aunque la decisión no se refiere al contenido del POT Bogotá Reverdece, para Bastidas es una oportunidad de revivir la ALO Norte en su diseño inicial, así como se modifique los usos de suelo, así como las líneas del Metro de la que ya la primera está en marcha y la segunda financiada.

El concejal del Polo Democrático, Carlos Carillo, también se mostró de acuerdo con la decisión, aunque sus reparos también son respecto al contenido del Plan. Considera que las Actuaciones Estratégicas “son zonas de distensión de norma urbana que ocupan más del 20% de la ciudad y no pueden reglamentarse a puerta cerrada sin el conocimiento de la ciudadanía”, sostuvo.

“La única respuesta que tiene la alcaldesa a la decisión de un juez, que uno puede compartir o no, es que quien instauró esa demanda es uribista. No, esa es una falsedad, una manera de esquivar un debate que creo que es de fondo, es el autoritarismo de esta administración que teniendo más de dos años para completar el POT y volverlo a traer y conciliarlo con las comunidades, decidió decretarlo”, sostuvo el concejal Carrillo.

Ahora, la Alcaldía prepara una apelación para señalar que las recusaciones no suspenden el tiempo perentorio en el trámite del Concejo y por tanto se cumplieron los términos sin una decisión, lo que permitió a la mandataria expedir el Plan por decreto. Pero el tiempo que tome esa decisión no está claro.

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